La captura de Rafael Caro Quintero fue rápida y aséptica. Los comandos especiales de la Marina, en coordinación con la DEA, concretaron una operación como en los viejos tiempos, sorpresiva, quirúrgica y efectiva. Caro Quintero, uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, había sido perseguido por la DEA desde 2013, cuando por un tecnicismo legal que extrañamente no fue atajado por la Procuraduría General de la República, fue puesto en libertad. La velocidad con la que hicieron los trámites para que saliera de la cárcel agregaron sospechas al caso: en media hora se llenaron todas las formas y juntaron todas las firmas de un proceso que, con influencias y las mejores intenciones, demora cuando menos ocho horas. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no se la acabó. La protesta de Estados Unidos fue tan fuerte, que México inició otro proceso para capturarlo, lo que nunca logró.
Una década estuvo libre, durante la cual regresó a formar parte en un principio de la aristocracia criminal del Cártel de Sinaloa, el estado donde la vida de las grandes organizaciones del narcotráfico comenzó en los 70, cuyo jefe, Ismael el Mayo Zambada, y lugartenientes de élite como Juan José Esparragosa, el Azul, habían sido parte de los gatilleros, como lo fue Joaquín el Chapo Guzmán, del Cártel de Guadalajara. Caro Quintero no aguantó mucho el nuevo papel y comenzó a construir su propia organización criminal. No se fue hacia el sur, fuertemente controlado por los diferentes grupos del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, sino hacia el norte.
De Sinaloa, Caro Quintero se fue a Sonora, y a través de la banda criminal de Los Antenas, encabezada por Alfredo Olivas, el Chapo Alfredo, y de su jefe de sicarios, Francisco Javier Meraz, el Antena de Bacum, que es el nombre de una comunidad yaqui en el sur del estado, infiltró parte de los grupos de esas comunidades, que fueron los que realizaron los principales bloqueos que obligaron al presidente López Obrador a que atendiera sus demandas para garantizar la conservación de agua y sus tierras. Probablemente López Obrador no sabía que en el fondo protegía los intereses de Caro Quintero, quien estuvo siempre fuera de su radar, salvo por las presiones permanentes de la DEA al gobierno mexicano para que lo detuviera.
Su captura, la primera de alto impacto en lo que va del sexenio, contradice la política de López Obrador de no detener capos de la droga y coincide –lo que se presta a sospecha entre varios analistas– que se dio cuatro días después de su reunión con el presidente Joe Biden. Objetivamente hablando, esa hipótesis es débil. Si en algún momento los dos presidentes llegaron a hablar de Caro Quintero, habría sido sobre su inminente detención y no otra cosa.
El operativo, de acuerdo con la información pública disponible, tampoco parece haber sido producto de la casualidad, como se especuló que fue resultado del barrido en la sierra Tarahumara en busca del asesino de dos jesuitas y un guía de turistas, sino como dijo Merrick Garland, procurador general de Estados Unidos en un comunicado, “la culminación de un trabajo incansable de la DEA y sus aliados mexicanos” para atrapar a Caro Quintero. La DEA, hasta donde se sabe, no participaba en el barrido de la sierra Tarahumara para encontrar al asesino de los jesuitas y del guía de turistas, y la directora de la DEA, Anne Milgram, confirmó que fue una operación conjunta de largo aliento.
El golpe, aunque no hubiera deseado que formara parte de su biografía sexenal, es un éxito para el presidente López Obrador. Sin embargo, no es el único que podría congratularse. La detención de Caro Quintero saca del camino de los hijos del Chapo Guzmán a un adversario peligroso que les iba quintando territorio en el norte de Sonora y, a través de la sierra Tarahumara, se iba metiendo a Chihuahua, para participar y controlar las rutas del fentanilo.
Caro Quintero comenzó la conformación de su nueva organización criminal en Caborca, en el desierto del noroeste de Sonora, donde empezó a disputar el territorio con Los Salazar, que por más de 15 años controlaron el narcotráfico en esa entidad, asociados con el Chapo Guzmán y luego con sus hijos, y que iniciaron una lucha contra el Cártel de Juárez y su ejército de sicarios de La Línea, para el trasiego de drogas en Chihuahua, y particularmente por Ciudad Juárez. La violencia en Caborca dio como resultado que, en 2020, en la definición de esa guerra, el número de homicidios dolosos se elevara en 387 por ciento, con respecto al año previo, en la guerra entre narcotraficantes más desapercibida a nivel nacional que se recuerde.
Caro Quintero ganó esa guerra y creó lo que las autoridades llaman ahora el Cártel de Caborca, que se fue extendiendo al norte de la sierra Tarahumara. El narcotraficante fue detenido en la comunidad tarahumara de San Simón, que pertenece a Choix, el municipio, gobernado actualmente por Morena, que se encuentra en la punta norte de Sinaloa, que hace frontera con Chihuahua y Sonora. Las zonas serranas, controladas por los diferentes cárteles, suelen ser santuarios de los líderes criminales.
La captura de Caro Quintero resuelve dos problemas. El primero es que alivia la presión permanente de Estados Unidos al gobierno mexicano para que lo capturara, y el segundo es que, pese a generar un periodo de inestabilidad en esa región, será temporal. La detención regresa al statu quo de 2013, cuando todo estaba controlado por los hijos de Guzmán Loera en esa zona, a través de Los Salazar, con lo que se ha eliminado a su poderoso adversario, que les había creado un frente de guerra adicional al abierto con el Cártel de Juárez y La Línea.
El gobierno de Estados Unidos tiene tantos motivos para celebrar la captura de Caro Quintero como el Cártel de Sinaloa, particularmente los Chapitos, la organización criminal más beneficiada, por omisión o comisión, del sexenio.