En el fondo de todos los problemas que tiene el presidente Enrique Peña Nieto y su gobierno, y México y los mexicanos, con el presidente Donald Trump, es que cree que este país es un Estado fallido, donde la autoridad no manda ni impone, sino que la ley es manipulada por los criminales. Sus ideas, expresadas desde 2014 en las redes sociales donde habló de lo corrupto del Poder Judicial mexicano después de haber perdido un juicio por un fraude inmobiliario en Baja California, se ampliaron y profundizaron con la asesoría electoral de Stephen Bannon –quien llegó con él a la Casa Blanca como el cerebro del nuevo destino de Estados Unidos–, que tiene la convicción de que el gobierno peñista está rebasado por los criminales y, a la vez, ligado a ellos.
Dentro de este andamiaje conceptual, este domingo Trump volvió por sus fueros durante una entrevista con Fox News, donde afirmó que el gobierno de Peña Nieto no era capaz de contener los problemas ni tampoco a los narcotraficantes. Sus palabras son un eco de lo que sucedió recientemente en la Casa Blanca, cuando el canciller Luis Videgaray y una reducida comitiva de funcionarios mexicanos que iban a la primera plática sobre los temas prioritarios de la agenda bilateral, se enfrentaron con la fuerza y la furia de Bannon.
No había nada más importante que el tema que Bannon colocó en la mesa de negociación para abrir boca: México es un Estado fallido. Videgaray buscó contextualizar con las realidades de la relación bilateral, pero es inútil. En este espacio se ha referido el señalamiento en Brietbart News, un día después de las elecciones presidenciales de 2012: los mexicanos eligieron a un presidente vinculado a los cárteles de la droga. En las dos últimas semanas se ha dado un reciclaje a las acusaciones de Brietbart News contra Peña Nieto, como que el Cártel de Juárez inyectó dinero a su campaña presidencial. Brietbart News y Bannon son lo mismo. Lo que él hace en privado, lo expone el portal en público, lo magnifica y lo vuelve viral.
Pero no son sólo declaraciones o agresiones en la mesa de negociación, como Bannon hizo con Videgaray y los mexicanos en la Casa Blanca, o los mensajes de Trump a través de Twitter. Hay datos concretos de cómo y por dónde vienen las presiones contra el gobierno mexicano. Los más claros, en la sección nueve de la orden ejecutiva sobre seguridad fronteriza e inmigración, firmada por el presidente Trump el 25 de enero, el mismo día en que inició la primera ronda de conversaciones entre los dos países, y horas después de que el presidente estadounidense aseguró que México pagaría por la construcción del muro fronterizo. El párrafo en esa sección dice textualmente:
“Requerimientos de información sobre asistencia extranjera. El jefe de cada departamento ejecutivo y agencia deberá identificar y cuantificar todas las fuentes de ayuda o asistencia federal directa e indirecta al gobierno de México sobre bases anuales durante los últimos cinco años, incluida la ayuda para el desarrollo bilateral y multilateral, la asistencia económica, la ayuda humanitaria y la ayuda militar. Dentro de 30 días a partir de la fecha de esta orden, la cabeza de cada departamento ejecutivo y agencia deberá entregar esta información al secretario de Estado. Dentro de 60 días a partir de la fecha de esta orden, el secretario deberá entregar al presidente un reporte consolidado reflejando los niveles de esa ayuda y asistencia que se ha entregado anualmente durante los últimos cinco años”.
Las áreas competentes del gobierno del presidente Peña Nieto en esta materia no están familiarizadas con esta orden ejecutiva. El canciller Videgaray tampoco informó al presidente y al gabinete de la forma como el gobierno de Trump está priorizando sus objetivos en la relación con México. Videgaray ha dicho al presidente que la negociación con el equipo de Trump va por muy buen camino, y públicamente ha declarado que nunca como antes los habían tratado de bien como esta nueva administración en Washington. Es falso. La sección nueve es un ultimátum a México, y representa lo único concreto en la actualidad de la relación bilateral. Anticipa un acto de represalia no por lo que viene, sino por lo que ya pasó y es percibido como una realidad en la Casa Blanca: Peña Nieto y su gobierno no son confiables en la lucha contra los criminales. Peor aún, como insiste Bannon a través de Brietbart News, operan juntos.
El 25 de marzo próximo, dos meses antes del inicio formal –si no se adelanta– de la renegociación bilateral del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el secretario de Estado, Rex Tillerson, entregará al presidente Trump el reporte, que dirá, de acuerdo con las cifras oficiales, que de 2011 a 2015 una docena de agencias del gobierno de Estados Unidos otorgaron mil 600 millones de dólares a México, mayoritariamente con recursos del Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional.
¿Qué hará Trump con esa información? Se puede pensar que cancelará toda la asistencia a México y que utilizará esos fondos para financiar parte del muro fronterizo. Pero el mensaje, si toma algún tipo de represalia y no lo toma como parte de los elementos para una negociación bilateral, será altamente ominoso: Trump no ve a México como socio o aliado; es su enemigo y actúa en consecuencia. Qué quieran en México, qué piensen o qué le diga Videgaray al presidente, lo tiene sin cuidado.