Susana Harp se ha convertido en un problema, no sólo para Morena, el partido en el poder, sino para los grupos del crimen organizado que han visto en ella un riesgo para sus intereses. La senadora se ha inconformado en el Tribunal Electoral por considerar que la dirigencia de Morena violó los principios de paridad establecidos en la Constitución. Pero el que se mantenga firme, alzando la voz de su protesta, ha puesto nerviosos a grupos políticos vinculados al crimen organizado que quieren hacerse del poder, y que vieron cómo el mensaje que le enviaron el año pasado, no la frenó.
Lo que está pasando en Oaxaca ante nuestros ojos es el principio del último capítulo de narcopolítica que se está escribiendo en México. Harp originalmente estaba en el ánimo más alto del Presidente para ser la candidata al gobierno de Oaxaca, pero las cosas cambiaron en las últimas semanas por razones desconocidas. Las fuerzas políticas de Morena se alinearon detrás de Salomón Jara, quien sumó el respaldo del líder del PRI, Alejandro Moreno, que hizo a un lado la propuesta del gobernador Alejandro Murat de nominar a su exsecretario de Administración, Germán Espinosa, y escogió el sábado a Alejandro Avilés, diputado local y socio del senador.
Avilés es hermano de un notario de Cosamaloapan, Veracruz, en la cuenca del Papaloapan, que está siendo investigado junto con una red de notarios en ese estado y Oaxaca por presuntas ligas con el crimen organizado. El propio Jara ha recibido apoyos de alcaldes en la zona del istmo de Tehuantepec vinculados también a cárteles de la droga. Las investigaciones se encuentran en curso, pero las alarmas deberían estar sonando en la región, particularmente por el detonante económico que será el canal transístmico que conectará a los océanos Pacífico y Atlántico, y proveerá al crimen organizado una ruta para abastecer drogas, metanfetaminas y fentanilo al este de Estados Unidos.
La penetración de narcotraficantes en la vida política e institucional de Oaxaca ha sido motivo de preocupación desde hace varios meses, pero lejos de haberse reducido por la presencia federal, se ha incrementado. Jara, de ser nominado oficialmente como candidato de Morena al gobierno de Oaxaca, tendrá que hacer un pronunciamiento claro de deslinde frente a los alcaldes y exalcaldes investigados por sus nexos con el narcotráfico, y en caso de ganar la contienda –que no será problema ante la entrega del PRI del estado con un candidato prácticamente impuesto por el senador–, actuar en consecuencia.
No se sabe qué sucederá, hasta que suceda, pero sí está claro que Susana Harp no tiene vinculaciones con la red política de los criminales. Las presiones contra ella están escalando. Se manifestaron primero con una campaña misógina en redes, con ataques y calumnias en medios digitales. Luego le hackearon su WhatsApp y después, Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, un personaje de muy mala fama en Oaxaca y uno de los financieros de Jara, también investigado por presuntos delitos, declaró que Oaxaca no podía ser gobernado por una mujer.
La primera advertencia a otra escala fue el 27 de noviembre pasado, durante un evento en el municipio Matías Romero, en el centro de la región del istmo de Tehuantepec, colindante con Veracruz. El evento fue programado a las cinco de la tarde en el popular salón de fiestas La Ermita, donde iba a tener una reunión con militantes de Morena. Alrededor de una hora antes de que iniciara, varios vehículos comenzaron a informar, mediante perifoneo, que el evento se había suspendido por “manifestaciones sociales” que no aclararon. El anuncio tenía como música de fondo la canción “La llorona”, interpretada por la misma Harp.
De manera simultánea, en diversas partes de la cabecera municipal se empezaron a escuchar sonidos que parecían disparos con arma de fuego, según testigos. Pese a que hubo personas que se asustaron y al anuncio de que se había pospuesto el evento, militantes de Morena comenzaron a llegar a La Ermita para el evento con la senadora Harp. Minutos antes de que empezara, una o varias personas dispararon a un lado de la entrada al salón de fiestas, desde un terreno solar en frente. Hubo pánico y la gente comenzó a ocultarse. Las balas se impactaron en una ladera de tierra junto a La Ermita, sin herir o matar a nadie.
Había sido, evidentemente, un segundo acto de intimidación para impedir la reunión con Harp, quien, sin embargo, no lo canceló. El evento inició varios minutos pasadas las cinco de la tarde con una participación al máximo. Cerca de las siete de la noche, para cerrar la reunión, Harp tomó la palabra y mientras hablaba se produjo un apagón. El equipo de la senadora se aventó sobre ella para evitar una agresión. La interrupción duró menos de un minuto, al colocarse los fusibles en su lugar. Después de ese tercer intento de sabotaje, ya no sucedió nada esa noche.
El 22 de diciembre Mario Delgado, presidente de Morena, anunció que las encuestas ubicaban a Jara como mejor posicionado para la candidatura. Harp impugnó los resultados y acusó a la dirigencia de haber violado el principio constitucional de paridad, por lo que todo está en manos del Tribunal Electoral. La candidatura no es algo definitivo, y con el inicio de la precampaña, el 2 de enero, volvieron las intimidaciones.
Ninguna de estas agresiones va a ceder, sino al contrario. Harp tiene medidas cautelares, pero no serán suficientes. Es evidente que la senadora representa un peligro para los intereses criminales que han encontrado en la clase política en Oaxaca a grandes aliados, y los actos en su contra son una expresión de la degradación de la vida institucional en el estado. Las autoridades federales han encontrado resistencias y sabotajes de alcaldes y sindicatos a los que se les han detectado vínculos con el crimen organizado en la construcción del canal transístmico. De este tamaño hay que calcular la amenaza que enfrenta la senadora Harp.
Los actos en su contra expresan la degradación de la vida institucional en el estado de Oaxaca