Emilio Lozoya Austin tiene un problema muy serio, y también lo tiene el presidente Enrique Peña Nieto y el procurador general Raúl Cervantes. Testigos de la Fiscalía de Brasil lo señalaron de haber recibido 10 millones de dólares del conglomerado Odebrecht para que les facilitara obra pública en México, que se suman a otros cinco millones que documentaron los brasileños que también le habían dado en otro momento.
Cuando menos 15 millones de dólares directo a las cuentas de Lozoya Austin en el extranjero, según la Fiscalía, sin que en México pase nada. Bueno, sí pasa. Hasta este momento existe encubrimiento y protección para el exdirector de Pemex por servicios prestados a sus superiores, sin molestarlo ni hacer pública información que lo afecte, pese a que el rompecabezas de corrupción de Odebrecht en México muestra pagos regulares a Lozoya Austin.
Nuevas revelaciones publicadas el domingo por el periódico carioca O Globo muestran que Lozoya Austin se convirtió en un activo del conglomerado de construcción brasileña desde que era miembro del equipo de la campaña presidencial de Peña Nieto, en 2012, y lo procuraron con dinero regular por los beneficios que les podía dar cuando fuera un alto funcionario del nuevo gobierno, como se los adelantó.
Así fue. Odebrecht, según la Fiscalía brasileña, le llenó de decenas de millones de pesos el bolsillo sin que rindiera cuentas por ello durante su gestión como funcionario, o posteriormente, como consultor privado, cuando llegó a ser considerado, incluso, como diplomático peñista.
O Globo publicó que Odebrecht le pagó 10 millones de dólares de “propina” –eufemismo de soborno– a Lozoya Austin entre 2012 y 2016, como director de Pemex, para que la apoyara a conseguir una obra pública de 115 millones de dólares en la refinería de Tula, convenciendo al Consejo de Administración de Pemex de que debía adjudicársele a esa empresa la obra, junto con una hidalguense, Construcciones Industriales Tapia, con la que les recomendó asociarse desde que lo buscaron por primera vez en 2011, siguiendo una práctica regular en el peñismo de armar grupos empresariales a modo para las licitaciones.
Los pagos, sin embargo, comenzaron en marzo de 2012, durante la campaña presidencial de Peña Nieto.
El dato de los 10 millones de dólares es consistente con la información que dio a conocer el 21 de diciembre pasado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, después de haber llegado a un acuerdo fuera de tribunales con Odebrecht, que contribuiría con la investigación multinacional sobre los sobornos que realizó en más de una docena de países, le aportaría información a las naciones en donde se realizaron, y pagaría una multa superior a los tres mil millones de dólares.
El caso mexicano se refería al pago de seis millones de dólares a “un alto funcionario” de Pemex alrededor de diciembre de 2013 y diciembre de 2014, a cambio de ayudarla a ganar un proyecto. El pago a Lozoya Austin por apoyar la adjudicación en Tula, según las revelaciones de O Globo, fue de cinco millones de dólares pagado en ese mismo lapso.
Toda esta información fue proporcionada a la PGR por la Fiscalía brasileña en febrero pasado, cuando viajó a Brasilia el procurador Cervantes. A su regreso se informó extraoficialmente que se citaría a declarar a Lozoya Austin.
Nunca pasó, de acuerdo con el propio exdirector de Pemex, quien sostiene que no ha sido llamado a comparecer por la PGR. O Globo no pudo hablar con Lozoya Austin ni con sus representantes.
Este domingo el exdirector de Pemex, que se dedica a la consultoría privada, estuvo inalcanzable. En conversaciones anteriores, Lozoya Austin ha negado cualquier acto de corrupción de él y de sus cercanos en la empresa paraestatal.
El exfuncionario, muy cercano al presidente Peña Nieto desde que era gobernador del Estado de México, es una tumba cuando se habla con él, sin que deje escapar ningún tipo de información que pueda afectar a quien le rendía cuentas directamente y con quien podía tener acuerdos sin la gestión, control o intermediación de sus superiores jerárquicos.
Los detalles de la información divulgada este domingo por el diario brasileño lo colocan, como nunca, en una situación de extrema delicadeza por la precisión y la documentación que aportó Luis Alberto de Meneses Weyll, exdirector de Odebrecht en México, con quien hablaba regularmente Lozoya Austin, incluso antes de ser parte de la campaña presidencial, y quien hizo la recomendación a sus superiores en Sao Paulo de fortalecer la relación con él, mediante pagos regulares de distintas cantidades, por la influencia que tenía en el entorno de Peña Nieto y el cargo de importancia que tendría en el nuevo gobierno.
O Globo conectó abiertamente los pagos a Lozoya Austin con el gobierno, y estableció que la PGR será la encargada de establecer si esos pagos fueron también para otros miembros de la administración de Peña Nieto. Se equivoca el diario.
La información divulgada la tenía en su poder la PGR desde hace meses, que a diferencia de lo que ha sucedido en los países de América Latina donde hubo sobornos a altos funcionarios –incluso tres expresidentes en forma directa y dos más de manera indirecta–, decidió reservar la información durante cinco años. Transparencia continental contra opacidad mexicana. Sólo los ingenuos en el gobierno podrían haber esperado que la información no brincara en otros países.
La acusación contra Lozoya Austin golpea en el corazón de Los Pinos, donde se le ha protegido, se puede decir hoy, hasta la ignominia.