Apenas en agosto pasado, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue sacudido fuertemente por su hijo Nicolás, detenido en Barranquilla, en la costa del Atlántico, por vínculos con el narcotráfico, quien detonó un escándalo: parte del dinero que recibió de un criminal metido en el negocio de las drogas, dijo, lo había inyectado en la campaña presidencial de su padre, en 2022. Nicolás matizó a la revista Semana que su padre no sabía la procedencia de los recursos, pero el presidente lo negó sin contundencia. “Si eso fuese cierto”, declaró, “este presidente se tendría que ir el día de hoy”.
El financiamiento ilegal de la campaña de Petro ha sido discutido en la prensa colombiana. Audios filtrados a Semana del exsecretario privado del presidente Armando Benedetti sugerían ingresos superiores en 300% al tope legal, mientras que el portal La Silla Vacía reveló que los 70 mil observadores de casillas que envió Petro en la jornada electoral fueron pagados con dinero que no se reportó. La fiscalía difundió documentos y comunicaciones digitales de Petro que reflejaban los pagos en efectivo a la campaña. No obstante, las autoridades judiciales y electorales no han abierto una investigación sobre las finanzas de su campaña presidencial.
Las sospechas del dinero ilegal en la campaña empiezan en Barranquilla, donde detuvieron a su hijo y a su exesposa, puerta de entrada del Cártel de Sinaloa a Colombia. Un informe de inteligencia secreto del Ministerio de Defensa al que se tuvo acceso ubica la llegada de los sinaloenses a esa ciudad en 2018, un par de meses antes de que Iván Duque asumiera la Presidencia, con el propósito de controlar el transporte y la distribución de drogas desde ese puerto a varios países en América y Europa.
De acuerdo con la documentación, Ismael el Mayo Zambada, y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, Los Chapitos, enviaron a sus lugartenientes a expandir sus operaciones, principalmente en la región donde se produce cocaína, para obtener precios más competitivos y asegurar la logística de la distribución. El Cártel de Sinaloa amplió sus operaciones a los puertos de Cartagena, al sur de Barranquilla, y Santa Martha, el principal puerto del país, donde llegan todos los cruceros del Caribe, al nororiente, y estableció relación con grupos criminales locales que controlaban el microtráfico de drogas.
El Cártel de Sinaloa utilizó las dos estrategias que emplea exitosamente en México, presionando y amenazando a líderes en Barranquilla y sobornando a las autoridades para controlar la infraestructura portuaria y las zonas francas en la costa del Atlántico, al tiempo que compraba negocios para lavar dinero y abría otros, como restaurantes mexicanos, que utilizaban para sus reuniones. En paralelo, los que ofrecían resistencia fueron sometidos con brutalidad con sicarios de Medellín, con lo que allanaron el camino para comenzar a exportar drogas hacia Portugal, a sus viejas colonias Angola, en el corazón verde de África, y Cabo Verde, en la península de Senegal, y a las Islas Azores, que es una región autónoma portuguesa.
La inteligencia militar detectó que el Cártel de Sinaloa enviaba representantes desde Durango, Nayarit, Sinaloa y Sonora, que aterrizaban en los aeropuertos de Barranquilla, Cartagena y Santa Martha después de haber realizado múltiples conexiones para evadir sombras. En la documentación decomisada aparecía recurrentemente un número telefónico con la clave de la ciudad de Durango.
Investigaciones posteriores identificaron al titular del número, cuyas iniciales son ADR, un abogado mexicano que tiene un despacho en Durango, y que ha ido adquiriendo fuerza dentro del Cártel de Sinaloa ante los problemas de salud de Zambada. Es abogado de Los Cabrera, brazo armado del Mayo, que opera en Durango y Chihuahua bajo el mando de José Luis Cabrera Sarabia, el Chepe.
Un correo de la Secretaría de la Defensa Nacional en el paquete de los Guacamaya Leaks muestra parte de la red de protección regional de Los Cabrera, incluido José Ramón Enríquez, chapulín político y actualmente senador de Morena. El abogado ADR, según los informes, también está vinculado con Gilberto Pérez Camacho, el Mex, el enlace del Cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, detenido el año pasado, donde recibía la droga procedente de Sudamérica.
El nombre del abogado figura en un correo de los Guacamaya Leaks del 18 de marzo de 2021, adelantado por la reportera María Idalia Gómez en Eje Central, donde abunda lo mencionado en el documento de la inteligencia militar colombiana, y señala que Zambada y Los Chapitos abrieron rutas marítimas hacia la Península de Yucatán y Europa, donde ADR jugó un papel importante en la logística, utilizando atuneros con banderas mexicanas y panameñas.
Para respaldar las operaciones del Cártel de Sinaloa en Colombia, construyeron un aparato financiero para mover su dinero a través del sistema bancario de ese país, utilizando el Banco Serfinanzas para cubrir sus operaciones a México –las transferencias principales han sido a casas de cambio en Mazatlán, Tijuana y Ciudad Juárez– y Estados Unidos. El principal accionista del banco es Jabib Char Abdala, tío de Arturo y Alejandro Char Chaljub.
Arturo, exsenador, fue detenido en septiembre pasado como parte de una investigación sobre compra masiva de votos en 2017, que, de acuerdo con las indagaciones, fue realizada en la llamada “casa blanca”, una propiedad que usaban como casa de campaña electoral. En esa misma propiedad, de acuerdo con los correos de Guacamaya Leaks, se realizaron tres reuniones entre el abogado ADR y directivos de Serfinanzas para tejer la ingeniería financiera criminal. Alejandro, que apoyó la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos y que quiere ser alcalde de Barranquilla por tercera vez, tiene 55 órdenes penales por abuso de la función pública y corrupción.
Los documentos militares colombianos y mexicanos muestran la vinculación del narcotráfico en los más altos estratos de poder colombiano, y la penetración del Cártel de Sinaloa de la mano de políticos y empresarios poderosos en ese país. Barranquilla es el epicentro de esta operación, que brincó al ojo público con la captura de Nicolás Petro y sus denuncias sobre dinero criminal en la campaña de su padre, el actual presidente de Colombia.
Documentos militares muestran la vinculación del narcotráfico en los más altos estratos de poder colombiano