La designación de Luisa María Alcalde como nueva secretaria de Gobernación parece una victoria del Ejército, porque un enemigo declarado que tienen en Bucareli, Alejandro Encinas, había quedado como encargado de despacho a la salida de Adán Augusto López. Sin embargo, no es así. Alcalde entró al relevo por razones políticas y electorales, de la misma forma como el presidente Andrés Manuel López Obrador necesita encontrar culpables suficientemente atractivos para la opinión pública, también por razones político-electorales, y cumplir con su promesa de campaña de resolver el crimen de los normalistas de Ayotzinapa.
El Presidente no podía acercarse a la próxima campaña presidencial y finalizar su sexenio sin resolver el crimen. Tampoco podía permitir que la investigación siguiera cayéndose a pedazos, poniendo en riesgo a Encinas y a los fiscales a quienes les encargó resolver la desaparición de los 43 normalistas, quienes establecieron la verdad alterna, que, lejos de esclarecer el crimen, lo enturbiaron y permitieron que criminales confesos recuperaran su libertad.
Teóricamente, si no se daba una acción presidencial de esta envergadura, para ocultar omisiones, ineficiencias o la agenda particular de sus fiscales, deberían ir a la cárcel el próximo sexenio acusados de lo mismo por lo que Jesús Murillo Karam, el exprocurador general de la República, se encuentra en prisión: inventar la verdad histórica de Ayotzinapa, con torturas, desapariciones forzadas y obstrucción de la justicia.
Para ello, López Obrador autorizó lo inaudito: reactivar 17 órdenes de aprehensión contra militares de diferente rango y un civil, que habían sido desechadas por una jueza. La solicitud fue hecha el 13 de junio pasado por Stalin Rodríguez, agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especial de Investigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General, a la jueza Segunda de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, que las giró, aunque, hasta donde se sabe, no han sido todavía ejecutadas.
La fiscalía para el caso Ayotzinapa que encabeza Rosendo Gómez Piedra, un abogado tabasqueño cercano a López Obrador, acusó en esta nueva cargada contra el Ejército a un militar por el delito de delincuencia organizada, y a otros 15 y a un civil por el delito de desaparición forzada. Los militares pertenecían, el 26 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los normalistas en Iguala, a los batallones 27 y 41 de Infantería en Guerrero. Estas imputaciones, sin embargo, no parecen diferentes a las que hizo su antecesor, Omar Gómez Trejo, que, en agosto del año pasado, solicitó a la Fiscalía General 83 órdenes de aprehensión, entre los cuales se encontraban 16 mandos militares y tropa.
Gómez Trejo renunció de manera abrupta a la fiscalía porque el 13 de septiembre del año pasado, mientras se encontraba en un viaje de trabajo en Israel, la Fiscalía General solicitó la cancelación de las órdenes de aprehensión. Gómez Trejo filtró a la prensa la cancelación, lo que pareció un carpetazo por parte del gobierno para encubrir al Ejército, pero omitió la resolución de Adriana Campos López, fiscal Especializada de Asuntos Internos, que encontró grandes anomalías y deficiencias en el trabajo del entonces investigador en jefe del caso Ayotzinapa.
En un oficio fechado el 9 de septiembre dirigido a Sara Irene Herrerías, fiscal especializada en Derechos Humanos, Campos López señaló que, en cuanto al delito de vinculación con la delincuencia organizada, no acreditaron la probable responsabilidad de los inculpados ni su vinculación con Guerreros Unidos, de donde obtuvieron testimonios anónimos que no aportaron evidencias, sin que Gómez Trejo pudiera tampoco determinar sus tareas específicas. Con respeto al delito de desaparición forzada, precisó, tampoco pudo probar la responsabilidad de los inculpados ni establecer la circunstancia de modo en cuanto a la comisión del hecho, por lo cual resultaba difícil establecer la probable responsabilidad de los acusados. “Deficiente” es como calificó el trabajo del fiscal.
La nueva petición de órdenes de aprehensión acusa de vinculación con la delincuencia organizada a un militar –no a 16 y un civil, como el año pasado–, y a 15 militares y un civil por el delito de desaparición forzada. En los oficios consultados no queda claro cuáles fueron las pruebas adicionales que los llevaron a modificar las acusaciones originales de 2022, y habrá que esperar que se informe públicamente de ellas, para determinar si hay algo verdaderamente novedoso que los inculpe, o continúan siendo imputaciones de oídas, declaradas por criminales.
Las órdenes de aprehensión recicladas se dan en un momento crítico de la investigación. Por insuficiencia, ineficiencia o perversidad de quienes prefirieron negociar con criminales para llevar a la cárcel a militares con mando y soldados, el caso Ayotzinapa se ha venido derrumbando. Hace 20 días, un tribunal absolvió del secuestro de los normalistas al exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos cuando desaparecieron los jóvenes, porque la Fiscalía General no acreditó la existencia de esa organización criminal, lo cual deja muchas dudas sobre la integridad de los fiscales.
La existencia de Guerreros Unidos está documentada en las minutas de la mesa de seguridad de Guerrero, donde participaba el secretario de la Marina, José Rafael Ojeda, y el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. Adicionalmente, chats interceptados por la DEA entregados al gobierno mexicano establecen la participación de Guerreros Unidos en la desaparición de los normalistas, e identifican a quienes ordenaron su muerte, como Gildardo López Astudillo, el Gil, a quien Gómez Trejo y Encinas le ofrecieron la libertad a cambio que acusara a los militares de ser ellos los responsables del crimen.
Haber dejado en libertad a los criminales fue una terrible irresponsabilidad, que pudo haber evitado la Fiscalía General con pruebas supervenientes para mantenerlos en la cárcel. Pero prefirieron tenerlos libres y como testigos contra militares, arrinconando en el final del sexenio a López Obrador, a quien han dejado sin opciones para cumplir su promesa de campaña de resolver el caso Ayotzinapa, salvo ir en contra del pilar que sostiene a su gobierno.