Las imágenes de Javier Duarte al pisar territorio mexicano tras ser deportado por Guatemala, tienen una involuntaria comicidad. Su cara, y la de los agentes que lo acompañaron hasta la cárcel, se digitalizaron para que nadie pudiera enterarse quién era el misterioso personaje que todos sabían quién era. Sus manos también estaban digitalizadas para ocultar que iban esposadas. En el juzgado, ordenó a la prensa que logró acceso a su primera comparecencia, que no podía tomar fotografías ni videograbar la diligencia. Se trataba de salvaguardar el debido proceso, dentro de los parámetros del nuevo sistema penal acusatorio, del exgobernador de Veracruz, que para efectos de registro histórico, es su primer caso de alto impacto. El show, como dijo Duarte, comenzaba.
La primera escena fue el lunes, cuando el juez federal en el Reclusorio Norte le negó seguir su proceso en libertad por el temor de que se podía escapar. Era una discusión ociosa, dado que para que eso pudiera ser considerado, tendría que dejar de existir el presunto delito de delincuencia organizada, que es el único por el que está en la cárcel. La segunda fue la admisión de la PGR que ha acreditado sólo el 10% del dinero desviado del erario, en donde quieren amarrar el presunto delito de lavado de dinero. Este arranque tuvo sus cortinas de humo.
¿Cómo mantener la credibilidad de un caso que parece armado para que, si no se cae rápidamente, Duarte vea con nitidez la luz al final del túnel y mantenga alta su expectativa de recuperar la libertad en un tiempo que no impacte políticamente en el gobierno? Esta pregunta sirve como hipótesis de trabajo: ¿Será Duarte juzgado realmente por los delitos que presuntamente cometió? O, ¿es una charada para satisfacer las jaurías de la opinión pública y gobernar –a contrapelo de lo que originalmente decían en Los Pinos– para la gradería? La duda surge a partir de lo que está sucediendo en el arranque del juicio al exgobernador, cuya persecución judicial comenzó unos 10 meses después de haberse iniciado la investigación.
En febrero de 2016, de acuerdo con personas que conocen los prolegómenos del Caso Duarte, el entonces director del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, entregó a la PGR todas las carpetas de investigación sobre el entonces gobernador de Veracruz, que fueron la base para iniciar la averiguación previa y mucho tiempo después sirvió para pedir la orden de aprehensión. La documentación no mostraba un daño al erario por sólo 38 millones de pesos, que es lo que la PGR dijo al juez que tiene probado como desvío, sino por más de 400 millones de pesos.
Esto no incluye algunos “botines de guerra”, como llaman en el argot policial a los decomisos que son rasurados, como el que sucedió este año en un departamento que encontró la PGR en la colonia Del Valle de la Ciudad de México, donde descubrieron 400 millones de pesos en efectivo, de los cuales se repusieron alrededor de 200 al gobierno de Miguel Ángel Yunes en Veracruz, y el resto se destinó para la campaña del PRI para gobernador en el Estado de México, según funcionarios que conocieron del decomiso. Este monto, no quedó registrado.
Entonces, como primera reflexión, se puede argumentar que las autoridades no están acusando a Duarte por todos los recursos que supuestamente desvió. No obstante, como en el caso del exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, y de la maestra Elba Esther Gordillo, sólo se necesitan dos millones de pesos para mantenerlo en la cárcel. Los 38 millones acreditados a Duarte por la PGR, por ello mismo, son suficientes. Y con eso puede montarse el show pronosticado por el exgobernador de Veracruz, para un público sediento de sangre. Pero el caso tiene otra lectura que no está en la superficie, y que deberá ser uno de los argumentos centrales de la defensa sobre la observancia del debido proceso.
Si se toman en cuenta los tiempos en que tardó en actuar la autoridad, se puede argumentar que por error o por perversidad se solicitó la orden de aprehensión hasta después de que Duarte pidiera licencia como gobernador, a mediados de octubre pasado, sin que mediara un juicio de procedencia para el desafuero. Esto significa que el exgobernador puede argumentar que, como tenía fuero constitucional, la ejecución de la orden de aprehensión violó el debido proceso y se tiene que fallar una nulidad de origen, por lo que el caso se caería en su totalidad.
Existe una discusión continua sobre si el fuero desaparece cuando se pide licencia para retirarse del cargo. Cuando Duarte la solicitó, Yunes, entonces gobernador electo de Veracruz y abogado que entiende bastante de estas cosas, dijo que seguía teniendo fuero, por lo que tendría que ser desaforado para ser procesado, en el caso de delitos federales por el Congreso de la Unión, y en el de los delitos del fuero común, por el Congreso estatal. Adicionalmente, hay una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia que indica que cuando un servidor público que goza de fuero constitucional solicita licencia, no pierde la protección otorgada.
De esta manera, si se pensaba ejercer acción penal verdadera contra Duarte, la PGR tendría que haber pedido al Legislativo un juicio de procedencia para su desafuero. Al no hacerlo, dejó sembradas las semillas para que Duarte camine hacia la libertad. El expediente, como se dice en el argot judicial, “lo dejaron flojito” para que la defensa encuentre la puerta de salida, y Duarte no se desespere. Así está la justicia mexicana.