El viernes por la noche el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló por teléfono con el presidente Donald Trump, que recién había llegado de Europa, para dar el último jalón al acuerdo migratorio que impediría que se impusieran nuevos aranceles.
Las condiciones para esa llamada fueron construidas por el vicepresidente Mike Pence y el secretario de Estado, Mike Pompeo, al darle un informe sobre las negociaciones con México para evitar la elevación de aranceles, y comentaron que los mexicanos parecían dispuestos a cumplir con los compromisos alcanzados en las 72 horas de pláticas bilaterales.
La conversación no fue fácil, de acuerdo con un funcionario federal, pero funcionó.
Ebrard le detalló a Trump lo que había acordado con Pence, Pompeo y el secretario de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, que era el reforzamiento de la frontera sur con seis mil miembros de la Guardia Nacional, el control migratorio en Chiapas, tener un censo completo de los inmigrantes que llegaban a la estación en Tapachula, y la ampliación del programa Remain in Mexico (Permanecer en México), dentro de los parámetros de la Sección 235(b)(C) del Acta de Inmigración y Nacionalidad, y de los Protocolos de Protección de Migrantes.
-Ya nos lo han dicho antes, respondió Trump, quejándose de incumplimientos previos del gobierno de México, “no van a cumplir”.
Ebrard respondió, apelando al beneficio de la duda: “Yo apenas llevo cinco meses”.
-Si tú ganas tiempo, yo pierdo electores, replicó Trump.
No había duda de las motivaciones centrales de Trump al utilizar los aranceles como un arma de presión migratoria. Ebrard lo supo desde que llegó a negociar el miércoles con Pence y Pompeo en el Salón Roosevelt de la Casa Blanca, donde el secretario de Estado, con cruda franqueza política, se lo había dicho al canciller.
El fondo es la migración, afirmó Pompeo, recordaron los funcionarios mexicanos. Y toda la campaña electoral será basada en la migración, le subrayó a su contraparte.
En la conversación con Trump, Ebrard acotó su escepticismo al establecer junto con él un plazo de 45 días para que los compromisos adquiridos en Washington mostraran resultados.
Si no se veía un punto de inflexión en la llegada de inmigrantes a Estados Unidos por la frontera con México, empezaría la negociación para establecer la figura de “tercer país seguro”, que al ser un acuerdo bilateral que implica cambios en las leyes mexicanas, tendría que pasar por el Senado.
Lo que planteó el canciller iba al fondo del problema. “El cambio de paradigma”, describió un diplomático mexicano.
Ese cambio de paradigma es con lo que Pence y Pompeo habían recibido a Ebrard el miércoles, donde además de McAleenan se sumó el consejero jurídico de la Casa Blanca, Pat Cipollone.
McAleenan le mostró a los mexicanos la gráfica de detenciones de indocumentados en la frontera con México. El número de capturas se mantuvo estable, en alrededor de 60 mil mensuales, durante el último trimestre de 2018 y enero, que es cuando ante la política migratoria mexicana de brazos abiertos comenzó a incrementarse.
En febrero subió 31%, a 76 mil 533; en marzo, a 103 mil 729; abril tuvo 109 mil 474, y en mayo hubo un disparo a 144 mil 278. Ese miércoles en la Casa Blanca lo que recibió Ebrard, según dijo en la conferencia mañanera de este lunes, “fue un ultimátum”.
El escepticismo de Trump en los primeros minutos de la conversación con Ebrard se podría asociar al brinco entre marzo y abril, que fue después de la reunión en el aeropuerto de Miami, el 17 de marzo, entre las secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y la entonces titular de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen.
En ella habían acordado incrementar la cuota de personas enviadas a México para esperar la resolución sobre su solicitud de asilo en Estados Unidos, de 60 a 300, y reforzar la política migratoria. “Gobernación hizo su parte, pero no cambió el paradigma”, reconoció el diplomático mexicano.
Trump lo definía como acciones “insuficientes” por parte del gobierno mexicano.
Ante ese diagnóstico, Pompeo puso sobre la mesa que México fuera “tercer país seguro” o aceptara el principio de “primer país de asilo”, una modalidad donde intervendría Guatemala, para que los guatemaltecos capturados en Estados Unidos fueran enviados a México, mientras que los hondureños y los salvadoreños serían deportados a Guatemala, en espera del resultado de su solicitud de asilo.
Ebrard les dijo que México no podría aceptarlo, pero Pompeo respondió que si bien entendía las razones, no eran convincentes.
Ebrard propuso una mesa en el Departamento de Estado para persuadirlos de las propuestas mexicanas, que significaban un cambio en la política de brazos abiertos, una modificación en su política de asilo, y priorizar la migración sobre el tema de seguridad pública, al comprometer un alto número de guardias nacionales a la frontera sur.
Cipollone y el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, trabajaron el jueves hasta que los alcances de la propuesta mexicana se acomodaran a las exigencias de los estadounidenses, que fue presentada a Pompeo el viernes.
El secretario de Estado la aceptó y junto con Pence convenció a Trump de hablar con Ebrard. Cuarenta y cinco días fue el plazo máximo para dar resultados o entrarán a un terreno donde Estados Unidos tendrá carta blanca para buscar un acuerdo migratorio profundo con México o, como anticipó Trump, impondrán aranceles.
No está claro que México va a poder cumplir en mes y medio con frenar la migración y lograr un punto de inflexión. Sin embargo, no tuvieron márgenes más amplios. El ultimátum de Trump solamente se aplazó.