La historia del “montaje” de la captura de la secuestradora francesa Florence Cassez y su novio Israel Vallarta, involucra algo más profundo que el papel que jugaron los medios, que quedaron atrapados en las intrigas palaciegas, ajustes de cuentas entre miembros del gobierno de Vicente Fox y Felipe Calderón, y las marrullerías en la Suprema Corte de Justicia que convirtieron ese caso en el más paradigmático de la justicia mexicana, por la magnificación de una transmisión en un noticiero que llevó a la invención del criterio del “efecto corruptor” por el cual salió de manera expedita de la cárcel de regreso a Francia.
Cassez y Vallarta fueron detenidos a las cinco de la mañana del 9 de diciembre de 2005 –como consta en la averiguación previa–, al salir del rancho Las Chinitas, al que policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI) habían llegado por las pesquisas realizadas por el secuestro de Valeria Cheja Tinajero el 31 de agosto de ese año. Los agentes entraron a la casa de seguridad, cuyo recibo telefónico estaba a nombre de Cassez, donde encontraron a Cristina Ríos Valladares, su hijo en ese entonces de 11 años, y Ezequiel Elizalde, que estaban privados de su libertad, y quienes imputaron a la francesa y a su novio de los delitos por los cuales los sentenciaron.
El entonces jefe de Investigación Policial de la AFI, Luis Cárdenas Palomino, como se publicó ayer en este espacio, llamó a dos periodistas que eran sus amigos, Pablo Reinah de Televisa –que niega que es su amigo– y Miguel Aquino de TV Azteca, para que pudieran entrevistar en vivo a las víctimas y sus victimarios. El fraseo de Reinah generó la sensación de que era un operativo en vivo, que fue una de las estrategias de la defensa para el alegato de un juicio justo e imparcial por haberse alterado el principio de la presunción de inocencia. Sin embargo, la primera versión que habló sobre un “montaje” no salió de la francesa, ni de su defensa, ni del equipo de redes del entonces caudillo del PRD, Andrés Manuel López Obrador, que tomaron ese caso como el caballo de batalla contra los panistas.
Su autor intelectual fue José Luis Santiago Vasconcelos, en ese momento subprocurador para Investigaciones Especializadas de Delincuencia Organizada, quien le dijo a varios periodistas que cubrían la PGR que Cassez había sido detenida días antes y en otro lugar. Los periodistas hicieron caso omiso, en buena parte porque habían estado en Las Chinitas, y sabían que no era como lo afirmaba. Vasconcelos continuó propagándola, hasta que prendió en la televisión, con lo que el “montaje” quedó como una verdad en la historia política de la justicia mexicana, ante la incapacidad de los funcionarios de explicar lo que había sucedido, y las confusiones semánticas de medios y periodistas, que terminaron asumiendo responsabilidades ajenas.
La palabra plantada por Vasconcelos fue un ajuste de cuentas contra el director de la AFI, Genaro García Luna, quien en una reunión organizada por el entonces procurador Daniel Cabeza de Vaca, se le fue a golpes como forma de reclamo ante su acusación de que agentes de la AFI habían ejecutado a cuatro miembros de Los Zetas en 2006. La acusación resultó infundada al descubrirse que el responsable había sido Édgar Valdés, la Barbie, lugarteniente de los hermanos Beltrán Leyva, en ese entonces brazo del Cártel del Pacífico, pero en aquel momento, García Luna tuvo que ser separado por Cabeza de Vaca para evitar que continuara golpeando a Vasconcelos.
El conflicto con Vasconcelos no fue el único que enfrentó García Luna, quien temprano en la administración de Felipe Calderón sostuvo otro enfrentamiento con el ya procurador Eduardo Medina Mora. El tema del “montaje” fue aprovechado por Medina Mora para reforzar la idea de una acción ilegítima de la AFI, y ordenó al director general adjunto de Asuntos Jurídicos de la agencia, José Luis Chávez Díaz, que escribiera una carta para Reinah, donde dijera que no se le había “precisado” el 9 de diciembre que la detención de Cassez y Vallarta había ocurrido antes de su llegada. El video inédito dado a conocer ayer en este espacio, realizado por técnicos de la AFI la mañana del 9 de diciembre en Las Chinitas, muestra que cuando Reinah entró a la casa con un grupo de agentes, ya estaban ahí Cárdenas Palomino, los secuestradores y sus víctimas.
Todo este marco político-jurídico-mediático envolvió la discusión sobre el caso Cassez, que fue el tema más importante que abordó el entonces presidente electo, Enrique Peña Nieto, con el presidente de Francia, François Hollande, con quien se comprometió a que la Suprema Corte de Justicia resolviera su liberación inmediata y la enviaría de regreso a París. El instrumento que utilizaron fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, a quien apoyó el PRI para llegar a la Suprema Corte en diciembre de 2012, con el encargo de encabezar internamente el esfuerzo para cumplir con el ofrecimiento.
El tema llegó a la Corte en enero de 2013 de la mano del ministro Arturo Zaldívar, que formuló el criterio del llamado “efecto corruptor”, con lo que alegó que la transmisión había alterado el debido proceso. La entonces ministra Olga Sánchez Cordero preparó el dictamen que rechazaba el amparo presentado por Cassez, pero ante la petición expresa de un líder del PRI, cambió su decisión, canceló su dictamen y se sumó al de Gutiérrez Ortiz Mena. Esos tres votos dieron la mayoría en la Primera Sala para que liberaran a Cassez.
Los tres ignoraron una resolución del Consejo de la Judicatura del 10 de febrero de 2011, que había desechado varias quejas de Cassez, incluida una sobre los videos en Las Chinitas, porque el magistrado que los estudió los desechó por haber sido editados y no los tomó en cuenta durante el proceso ni para la sentencia. El criterio de Zaldívar, por cierto, no se volvió a aplicar.