El próximo jueves, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito va a tomar una decisión sobre un caso que no sólo definirá un litigio de más de dos décadas por una fortuna calculada en cuando menos 10 mil millones de pesos, sino porque del resultado de su voto, decenas de miles de mexicanos podrían ser afectados si sientan jurisprudencia para que se pueda violar el secreto bancario, que es lo que hizo la Fiscalía General en el proceso contra Ernesto Álvarez-Morphy, donde una vez más, el fiscal Alejandro Gertz Manero y su segundo, Juan Ramos, quieren resolver un asunto personal vulnerando la ley.
Álvarez-Morphy comenzó a ser investigado por la fiscalía a partir de una denuncia anónima en julio de 2019, donde se detallaban de manera extraordinaria, según personas que la han visto, sus datos financieros y personales. La investigación incluyó a su esposa, a sus tres hermanos, a su padre y a su madre, coheredera de la fortuna de su padre, Gabriel Alarcón Chargoy, fundador del periódico El Heraldo de México y de la cadena de cines más importante de América Latina en los 60 y 70, y constructor de un imperio de bienes raíces.
Desde 2019, la investigación sobre los tres hermanos varones Álvarez-Morphy fue presentada al presidente Andrés Manuel López Obrador como un paquete, como presuntos responsables de la escasez de medicamentos al haberse negado a distribuirlos luego de haber sido muy cercanos y beneficiarios del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Al Presidente le omitieron varios datos, como el que había otros cuatro miembros de la familia bajo investigación, y que dos de los hermanos, Ernesto y Gerardo, no tenían nada que ver con la empresa de medicamentos de Francisco, quien ha dicho que la falta de medicinas fue culpa de Cofepris, que nunca autorizó que se entregaran.
El caso ha sido intermitente en la opinión pública a lo largo de los años. El litigio por la herencia de Alarcón Chargoy, que murió en 1986, comenzó poco antes de la venta de El Heraldo de México al empresario y socio de Carlos Slim, Antonio Pérez Simón, en 2002, cuando al sufrir un derrame su esposa, Gabriel Alarcón Velázquez despojó a sus hermanas María Eugenia y Herminia de la herencia. Una década después de iniciar el litigio, se logró la detención de Gabriel, acusado de mentir para obtener un amparo, pero las relaciones de él y poderosos amigos, lograron que el procurador general, Jesús Murillo Karam, lo dejara en libertad. El conflicto siguió, pero lo que parecía que tendría una conclusión favorable a sus hermanas, cambió cuando llegó Gertz Manero.
La persecución contra su hermana, su cuñado y sus sobrinos fue sistemática desde la denuncia anónima contra Ernesto Álvarez-Morphy, lo que no se entendió hasta que el 18 de abril pasado, su madre María Eugenia murió. En ese momento se conoció el testamento que había dejado Herminia a sus hijos al morir en 2010, y del cual sólo se conocieron fragmentos en 2012. El testamento dejaba 60% de la fortuna a su hija María Eugenia, y 40% a su hijo Gabriel. Pero, ante la ausencia de uno de ellos, el coalbacea de María Eugenia sería Ernesto, y las coalbaceas de Gabriel sus dos hijas. Pero, si una de las dos partes no estaba en condiciones de ser coalbacea, se perderían todos sus derechos.
La acusación contra Ernesto fue por defraudación fiscal por 6 millones de pesos, y si iba a la cárcel, su tío Gabriel se quedaría con 100% de las acciones, consumando el despojo de la herencia a su familia, con la ayuda del fiscal. La investigación contra Ernesto y todo el proceso lo llevó Juan Ramos, el fiscal especializado en Control Competencial. La querella fue presentada en febrero de 2020 por el entonces procurador fiscal, Carlos Romero, quien no tenía el carácter de autoridad fiscal, y la presentó poco tiempo después de que Ernesto había pagado lo derivado de inconsistencias en sus declaraciones fiscales, omisiones y recargos. Al haberlo hecho sin existir un requerimiento del SAT, no había delito qué perseguir ni defraudación fiscal, al haber sido saldada.
Pese a lo irregular del caso, el juez de control del Reclusorio Norte, José Artemio Zúñiga, que le ha dado prórrogas indefinidas al exdirector de Pemex Emilio Lozoya, lo vinculó a proceso. El caso llegó al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que remitió el expediente a la Suprema Corte de Justicia en julio pasado, pero el 9 de marzo de este año, la Primera Sala determinó improcedente la atracción de manera unánime, y devolvió el expediente a la corte menor.
Se puede conjeturar, dados los antecedentes de Gertz Manero, que las presiones sobre el Poder Judicial deben ser enormes. No es justificable, pero es entendible. Gertz Manero y Gabriel Alarcón Chargoy son socios en cuando menos una empresa de aerotaxis, Aeroservicios y Transportes Galger, que escrituraron en 2011, con la comparecencia de Guillermo Alarcón Bravo, primo de Gabriel y quien lo ha acompañado en todas sus empresas. El conflicto de interés es evidente.
La fiscalía metió a toda la familia en la averiguación, presumiblemente para ocultar que el objetivo era Ernesto, informando al Presidente de un presunto delito que no contiene la pesquisa. Ese conflicto escala a otro presunto delito, pero de Juan Ramos, quien al mismo tiempo de ser funcionario público, es apoderado de Exhibidores del Distrito Federal, una empresa que forma parte de Alarcón Holding, propiedad de la familia Alarcón. Gerardo, hijo de María Eugenia, intentó revocar el poder de Juan Ramos, sin éxito.
Enfrentarse al fiscal hoy en día es una tarea peligrosa cuando un ingrediente personal o familiar se cruza. Ahí es implacable. Con los antecedentes, Gertz Manero no se juega su prestigio este jueves, aunque pierda por actuar ilegalmente, pero el futuro de decenas de miles sí está en las manos del Tribunal Colegiado.