El juez Brian Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, rechazó ayer la petición del exsecretario de Seguridad Genaro García Luna de anular el juicio que lo encontró culpable de conspiración y haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa, por violaciones al debido proceso y perjurio de seis testigos, porque “ninguno de los argumentos (que presentó la defensa) son suficientes para un nuevo juicio”, por lo cual, como programó, le dictará sentencia en octubre. Es una derrota para García Luna, pero también, por más extraño que parezca, para el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La moción de anulación del juicio presentada en enero se sustentaba en ocho violaciones a las obligaciones Brady, que fuerzan a los acusadores a revelar toda la evidencia incriminatoria o exculpatoria en su poder para garantizar el debido proceso. Los fiscales no respondieron el fondo de la petición, pero alegaron que no podían ser tomadas como pruebas supervinientes. Cogan no le dio la razón a la fiscalía, pero descartó las evidencias que presentó la defensa.
César de Castro, abogado de García Luna, se mostró “profundamente decepcionado” por el fallo, en particular por haberse ignorado las pruebas que, alegó, probarían el perjurio del testigo colaborador Héctor Villarreal, extesorero del gobierno de Coahuila, que afirmó haber visitado el búnker de la Secretaría de Seguridad Pública en 2008, cuando se construyó en 2009, y que García Luna le ofreció el programa Pegasus, inexistente hasta 2010. Tampoco tomó en cuenta las pruebas que ponían en duda la veracidad de los dichos de varios exmiembros del Cártel de Sinaloa que declararon contra García Luna.
Una interpretación que hicieron juristas neoyorquinos de la resolución de Cogan es que mantuvo su criterio original sobre el caso, que legalmente puede hacerlo, descartando la evidencia de la defensa que lo llevara a reponer el juicio, a fin de no generar un precedente para casos futuros. Este matiz a la lectura de la derrota de García Luna en Brooklyn es el revés para López Obrador, porque dejó activos a todos los testigos que, con mentiras y dichos, convencieron al jurado de encontrar al exsecretario culpable.
El caso fue político, como lo planteó la moción para la anulación del juicio, pero Cogan, saliéndose de ese contexto, dejó abierta la puerta para que en el futuro, con los mismos testigos o nuevos que repitan el guion que presentó la fiscalía –De Castro probó también cómo habían puesto los acusadores de acuerdo a los criminales para declarar lo mismo–, se pueda juzgar a más políticos o funcionarios mexicanos. De haberse anulado el juicio, los testigos colaboradores habrían quedado invalidados para ser utilizados más adelante o para que dichos sin pruebas fueran tomados como evidencia.
Cogan dictará sentencia el próximo 9 de octubre y, como suele suceder en la justicia estadounidense, será voluminosa en años de cárcel –varias vidas para cumplirla–, lo que se hace para enviar un mensaje contra la impunidad, pero que en el proceso de apelación, fuera de los reflectores de la opinión pública, se van reduciendo significativamente. De Castro anunció que apelará el fallo de Cogan, por lo que el caso de García Luna está muy lejos de terminar. López Obrador, que durante casi cinco años lo utilizó en términos políticos y electorales, ayer reaccionó con moderación retórica al comentar sobre el fallo de Cogan, y dijo que era bueno lo que había sucedido en Brooklyn, porque habían hecho mucho daño. Fue interesante que no se redogeó ni aprovechó la oportunidad, que se le presentó, con una inusual moderación.
No hay una explicación sobre su comportamiento, pero hay un contexto. López Obrador ofreció al gobierno de Donald Trump, a través de un emisario, todo lo que quisieran para frenar la inmigración a cambio de que los fiscales convencieran a García Luna de imputar a decenas de personas –los expresidentes desde Carlos Salinas, los exsecretarios de Gobernación y Hacienda, los principales empresarios y los dueños y periodistas de los medios de comunicación más influyentes– de estar vinculados con el narcotráfico.
Los fiscales se lo propusieron en cuatro ocasiones, a cambio de libertad en cinco meses, reparación del daño patrimonial –más de 5 millones de dólares– y trabajo en Estados Unidos. García Luna rechazó la propuesta con el argumento consistente de que no imputaría a nadie que no tuviera pruebas. Su negativa impidió que López Obrador, sin ensuciarse las manos, hubiera logrado el cambio de régimen que tanto anhelaba. Las pasadas elecciones le permitirán lograrlo, pero el cabo suelto es el que dejó Cogan en Brooklyn.
Cuando López Obrador pide que hable García Luna, quizá no se imagina lo que podría suceder. El exsecretario puede tomar la decisión de declarar, no en los términos que plantearon los fiscales, sino en los suyos. El universo de lo que pudiera emerger en Brooklyn tuvo una pincelada ayer en un despacho del The New York Times, donde dice que la captura de Ismael el Mayo Zambada se dio cuando iba a mediar entre dos políticos sinaloenses, identificados por periodistas como el gobernador Rubén Rocha, y Héctor Melesio Cuén, que le peleó la gubernatura, asesinado el mismo día de su detención.
La información que tiene el Departamento de Justicia y la fiscalía en Brooklyn incluye: al menos dos trasferencias electrónicas desde Culiacán a cercanos de López Obrador, después de que saludó a la madre del Chapo Guzmán, en 2020; declaraciones no judicializadas de entregas de dinero del Cártel de Sinaloa a sus campañas presidenciales de 2006 y 2012; declaraciones no judicializadas de un acuerdo de no extradición de Rafael Caro Quintero a cambio de apoyos para Morena en elecciones; declaraciones no judicializadas de entrega de dinero de La Familia Michoacana a un futuro secretario de Estado y a un líder de la cuatroté, y un expediente de la DEA sobre presunto financiamiento del narco a López Obrador que se entregó al entonces presidente Felipe Calderón.
Fuera de las transacciones electrónicas, lo demás son dichos, como los que el juez Cogan validó en preparación de la condena de García Luna.