Si las cosas avanzan como anticipó la Fiscalía General de la República, Rosario Robles se convertirá hoy en la funcionaria de mayor rango del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto en ser imputada por un presunto delito de presunción, y si no ha cambiado de opinión el fiscal Alejandro Gertz Manero, probablemente por delincuencia organizada.
Robles decidió dar una batalla política en el campo mediático, entendiendo los principales términos del proceso que le quieren abrir, pero también dejando abierta la posibilidad, que podría llegar a ser un punto de negociación, de que pida el llamado criterio de oportunidad incorporado en el Código Nacional de Procedimientos Penales.
De seguir esa estrategia, la Fiscalía de Gertz Manero podrá encontrar una escalera al cielo.
El artículo 256 del Código establece la aplicación del criterio “cuando el imputado aporte información esencial y eficaz para la persecución de un delito más grave del que se le imputa, y se comprometa a comparecer en juicio”.
Robles ha dado muestras que está dispuesta a cumplir con la segunda parte del enunciado, y falta ver si también lo está para aportar información que presuma delitos más graves. No le queda mucho tiempo, ni tampoco tiene mucho espacio.
Su comparecencia hoy en el Reclusorio Sur se da por presuntos delitos investigados por la Fiscalía General. Sin embargo, la Unidad de Inteligencia Financiera encontró 105 operaciones de presuntos desvíos de recursos del erario hacia empresas fantasma, por lo que vendrá una nueva denuncia próximamente.
Robles se dice segura que está limpia de cualquier delito que le imputen, porque no encontrarán su firma en ningún documento. Sin embargo, la Fiscalía General tiene dos testigos que ya declararon en su contra, que trabajaron con su equipo en la Secretaría de Desarrollo Social, aunque forman parte del grupo político cuyo centro era el exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
La investigación de la UIF no tiene testigos, sino documentación sobre las triangulaciones financieras donde aparece la mano de Emilio Zebadúa, quien fue su oficial mayor en las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
En ambos casos, las investigaciones no tienen como destino final el lucro de Robles o sus cercanos, sino la utilización de recursos para campañas políticas.
De acuerdo con reportes de prensa, se le vincula al desvío de mil 300 millones de pesos para campañas políticas, en lo que se le denominó coloquialmente como “la estafa maestra”, que, según el abogado de la exsecretaria, es una “ficción”.
Con la nueva denuncia de la UIF, que encontró operaciones que nunca fueron vistas por la Auditoría Superior de la Federación, que observó las irregularidades en las secretarías encabezadas por Robles, las acusaciones en su contra cada vez serán más y el caso más complejo para que pueda salir avante.
En todo caso, podría ir a la cárcel varios años, mientras se defiende. La pregunta es, dadas las condiciones en las que se encuentra, si está dispuesta a guardar el secreto de todo lo que sabe sobre esas operaciones irregulares, aunque ella no sea responsable.
Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, ya abrió el camino del criterio de oportunidad, y está dispuesto a abrir la cloaca del gobierno peñista.
La puerta que puede tirar Robles y permitir que entre la Fiscalía para subir la escalera, es la de Ernesto Nemer, a quien el entonces presidente Peña Nieto le impuso como el subsecretario del ramo y cercano a Luis Miranda, que fue subsecretario de Gobernación y secretario de Desarrollo Social.
Nemer acompañó a Peña Nieto desde que comenzó a escalar en el Estado de México, y fue su coordinador de campaña para la gubernatura. Junto con Miranda trabajó en la operación política para que alcanzara el poder mexiquense y manejaron las elecciones intermedias en el estado y la campaña presidencial.
En aquellos años mexiquenses, el dinero era todo. Aquel grupo guardaba millones de pesos en efectivo en sus bóvedas donde acumulaban los recursos por lustros, incluso hasta una década, para ser utilizado más adelante.
Al llegar al Ejecutivo federal, no hubo muchos cambios en las actitudes. Miranda fue un gran ejemplo, cuando después de muchos desencuentros con la Coordinadora magisterial, abrió la chequera del gobierno y les repartió dinero para que dejaran de oponerse a la reforma educativa.
El dinero político de Peña Nieto tenía una caja registradora, la de Luis Vega Aguilar, que fue secretario de Finanzas en el gobierno mexiquense de Peña Nieto, y a quien trasladó a la Secretaría de Finanzas del PRI, siendo el responsable de operaciones político-electorales como la Operación Safiro, revelada por Mexicanos Contra la Corrupción, donde presuntamente se desviaron 650 millones de pesos de siete estados, lavados a través de 12 empresas fantasma, para campañas priistas.
En la investigación sobre los desvíos donde figura Robles como la funcionaria de mayor rango, se encuentra también Vega Aguilar, a quien, como a la exsecretaria y a Zebadúa, el viernes pasado le congelaron sus cuentas bancarias.
Vega Aguilar fue protegido por Peña Nieto haciéndolo diputado, como hizo también con Nemer, sobre quien hay sospechas de su participación en “la estafa maestra”, pero no aparece aún ni en calidad de indiciado en las carpetas de investigación.
La carta de Robles para minimizar el daño jurídico, porque el reputacional y el político está hecho, es el criterio de oportunidad y que aporte a la autoridad el enjambre que hicieron los mexiquenses durante el sexenio de Peña Nieto.