Olga Sánchez Cordero ha construido gran parte de su carrera judicial como una persona abocada a la igualdad de género. Con esa bandera ganó prestigio en un entorno donde se miran muy poco los detalles, por lo que cuando se retiró de la Suprema Corte de Justicia hubo numerosos reconocimientos públicos que magnificaban las percepciones. Al integrarla el presidente Andrés Manuel López Obrador a su gabinete como secretaria de Gobernación, hubo quienes pensaron que la reivindicación de las mujeres sería una realidad en el sexenio. Aunque esa fama de la que venía precedida ha sufrido abolladuras por su justificación a un líder misógino, nadie esperaba que el pasado la alcanzara como sucedió el viernes pasado.
Sánchez Cordero se vio envuelta en una tormenta cuando tras la captura de Mario Marín, acusado de haber ordenado la detención ilegal y la tortura de Lydia Cacho en 2005, después de publicar un libro sobre la pederastia en el que involucraba a varios políticos con el empresario textilero poblano Kamel Nacif, la escritora y activista la señaló de haberla traicionado por haber votado a favor de la exoneración del exgobernador de Puebla en la Suprema Corte el 29 de noviembre de 2007, que impidió que se iniciara un proceso de desafuero para que pudieran llevarlo a tribunales.
Como era natural que sucediera, esa imputación fue tema en la mañanera, donde Sánchez Cordero, o no iba preparada, o iba pobremente adiestrada para lo que iba a suceder. La secretaria de Gobernación negó haber votado a favor de Marín –señalando que no fue una posición hacia la persona–, y aseguró que sí había dicho que se había realizado tortura sicológica contra Cacho. Lo que no se sabe, es que Sánchez Cordero sí votó a favor de la persona. Poco antes de la sesión, la entonces ministra, que iba preparada para votar a favor el dictamen que abriría la puerta a un juicio contra Marín, recibió una llamada de una de las figuras más influyentes del PRI, quien le pidió que cambiara su voto. Así lo hizo, como más adelante lo haría en el caso Florence Cassez.
En el caso de Lydia Cacho, durante aquella sesión en la Suprema Corte de Justicia, en efecto apuntó que había existido tortura psicológica, pero fue en una segunda intervención y sólo después de que varios ministros expusieron su posición, que buscó matizar su postura original. En la versión estenográfica de esa sesión, se aprecia, sin embargo, la forma como minimizó la acusación de Cacho y alegó en su contra. En un extracto de su posición, Sánchez Cordero dijo:
“Con base en los testimonios de algunas personas… se tiene por acreditado que la periodista Lydia María Cacho Ribeiro fue objeto de tortura. Quiero decirles que esta conclusión me parece inexacta porque de la lectura de la síntesis de estas declaraciones… se advierte que son conjeturas de los declarantes, pues éstos manifiestan (que) todo lo declarado se los comentó la propia Lydia Cacho, esto es, se trata de testigos de oídas”.
La entonces ministra dijo que podría prescindirse de esas aseveraciones y atender únicamente la declaración de Cacho, “lo cual, por las circunstancias en que se llevó a cabo su detención, pudiera ser, o para mí, son insuficientes para sustentar que sí hubo tortura psicológica”. Y agregó: “En relación a la violación de sus garantías de libertad de prensa y de la libre expresión… en mi opinión los datos arrojados por esta investigación… para mí no son suficientes para arribar a la conclusión de que la actuación de las autoridades sí vulneró su libertad de prensa y de libre expresión… pues no se advierten elementos que supongan que la manifestación de las ideas por parte de Lydia Cacho, ha sido motivo de inquisición judicial o administrativa”.
Sánchez Cordero dijo que, si bien habían existido violaciones, como la tortura psicológica, “podrían ser reparadas por otros medios y otras acciones judiciales”, y votó junto con otros cinco ministros de que no había habido quedado demostrada “violación grave” para los efectos del artículo 97 constitucional, por lo cual Marín quedó libre de toda culpa durante 14 años tras haberse cometido el crimen contra Cacho. La secretaria justificó que otros cinco ministros habían votado contra el dictamen, pero eso no era el centro de la crítica de Cacho, quien abundó en que la traición era porque había hecho una carrera donde presume de su lucha por la igualdad de género y la defensa de las mujeres.
La presencia de Cacho hizo visible la tramposa postura de Sánchez Cordero. No la tuvo Cristina Ríos Valladares, quien junto con su esposo –que fue liberado horas después, para conseguir el dinero para el rescate– y su hijo de 11 años, fue secuestrada por la banda de Israel Vallarta y su entonces novia Florence Cassez. En un desplegado en La Jornada el 13 de junio de 2008, ante la campaña de la francesa para su liberación, Ríos Valladares dijo que era “indescriptible lo que mi hijo y yo vivimos el 19 de octubre del 2005 al 9 de diciembre del mismo año. Fueron 52 días de cautiverio en el que fui víctima de abuso sexual, y los tres, de tortura psicológica”.
La señora, junto con otra víctima de la banda, Ezequiel Elizalde, acompañados por la defensora de derechos humanos Isabel Miranda de Wallace, fue recibida por Sánchez Cordero en marzo de 2012, y le detalló todo el secuestro, explicando también que no había declarado las violaciones regulares porque en ese entonces no quería que se estigmatizara a su hijo. La ministra le mostró su apoyo, que nunca se concretó. Cuando el caso Cassez llegó a la Suprema Corte en 2013, Sánchez Cordero se olvidó de Ríos Valladares, y en lugar de reponerse el proceso, como opinó José Ramón Cossío, respaldó la propuesta de Alfredo Gutiérrez Mena para que la liberaran inmediatamente, que era lo que el presidente Enrique Peña Nieto ofreció al presidente francés François Hollande.