El juicio de Genaro García Luna en Brooklyn tomó un giro en los últimos días que no debe sorprender, al sentar la fiscalía en el banquillo de los acusados a medios y periodistas mexicanos, separando la litis del caso, pero en busca de una sentencia condenatoria, a un funcionario que corrompió para modificar la opinión pública. De esta forma, juntó su agenda a la del presidente Andrés Manuel López Obrador, que sistemáticamente desacredita y descalifica para causar un daño reputacional a quienes han sido independientes y críticos de su gobierno. La coincidencia entre la Presidencia y el Departamento de Justicia puede ser no tan fortuita.
Desde 2019 López Obrador fue alertado de que las acusaciones contra García Luna no eran sólidas, y que las pruebas solicitadas por el Departamento de Justicia a México –libros contra del exsecretario de Seguridad Pública y recortes periodísticos donde lo acusaban de corrupción– no servían. En las últimas semanas, el fiscal Alejandro Gertz Manero le reiteró al Presidente la debilidad del caso, pese al cabildeo que hizo la fiscalía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, directa e indirectamente, para que García Luna fuera encontrado culpable.
Paralelamente, políticos cercanos a López Obrador y periodistas afines a su gobierno, o vinculados orgánicamente a miembros de su gabinete, fueron sembrando en la fiscalía la especie de que la prensa mexicana era cómplice de García Luna. Para acompañar la versión, en el universo de la maquinaria de propaganda de López Obrador empezó a socializarse que durante el juicio se hablaría de sobornos del exsecretario a medios y periodistas, que encontró su primera salida esta semana con el testimonio del extesorero de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, que a cambio de que le dé asilo político el gobierno de Estados Unidos, en lugar de que lo condenen por lavado de dinero, testificó que El Universal había recibido 25 millones de pesos mensuales de García Luna para “limpiar su imagen”.
La afirmación, como todo el testimonio, no se sostiene, como el propio periódico lo documentó. Sin embargo, esto no neutraliza ni impide el juicio paralelo que está en curso en Brooklyn, sobre dos grandes líneas: la corrupción, y que medios y periodistas sirvieron a intereses del narcotráfico. La semana pasada, emanado de periodistas al servicio del gobierno de López Obrador y de propagandistas disfrazados de periodistas, empezó a circular la especie, magnificada por rumores en las redes sociales, de que los periodistas Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret y quien esto escribe habían sido quienes habían difundido primero la detención de Jesús Reynaldo el Rey Zambada, en 2008, solicitada por Arturo Beltrán Leyva para evitar que lo dejaran escapar, como declaró de oídas el narcotraficante colombiano Harold Poveda, el Conejo, testigo de la fiscalía.
El dicho es falso y toda la documentación hemerográfica y videográfica de la captura lo demuestran. Pero eso no importa. La falta de memoria, la no verificación de fechas o de hechos, la repetición sistemática de una mentira y la credulidad de muchos, son suficientes. Tres periodistas ya fuimos mencionados con infundios, y un medio y su propietario, sobre dichos, ya fue colocado en el paredón de la Presidencia por una declaración de otro delincuente, Héctor Javier Villareal, en busca de privilegios.
López Obrador dijo sobre los dichos y señalamientos a El Universal y a Juan Francisco Ealy Ortiz que no había que adelantar conclusiones, pero ese mismo día, en la mañanera, difundió un video repitiendo las infamias, con el pretexto de que, como todos los días desde que empezó el juicio, informa con un video de la audiencia del día anterior. Este ejercicio pretende contrarrestar las coberturas críticas del caso y los señalamientos sobre la fragilidad del caso que presentaron los fiscales, que ayer mismo comenzó a ser recogido por la prensa de referencia en Estados Unidos. El diario The New York Times, por ejemplo, al publicar el testimonio del exfiscal de Nayarit Édgar Veytia –que aseguró que el expresidente Felipe pactó con el Cártel del Pacífico–, subrayó que había sido una declaración de oídas, como los testimonios de una buena parte de los testigos que ha presentado la fiscalía, casi exclusivamente de criminales o de exfuncionarios mexicanos corruptos.
Coberturas como las del Times no van a ser del agrado de López Obrador, embarcado en una campaña contra periodistas y medios mexicanos que pueden generar una duda razonable en la opinión pública sobre la culpabilidad de García Luna. La campaña del Presidente ha sido intensa, con cabildeos de sus afines en Brooklyn para hacer crecer el juicio paralelo que le ayude en su narrativa.
El tiempo, debe sentir el Presidente, se está agotando para liquidar civil y moralmente a quienes han criticado el proceso en Brooklyn, luego de que la fiscalía informó que el próximo martes tenía pensado concluir la presentación de sus testigos con el testimonio de el Rey Zambada. No se sabe qué percibe el Presidente, o qué están arrojando sus mediciones sobre el juicio de García Luna, pero ayer presentó en la mañanera por segunda ocasión en semana y media, fragmentos del programa Tercer Grado de hace 15 días, donde ridiculiza a Sergio Sarmiento y a quien esto escribe –por gazapos de nuestra parte–, porque expresamos dudas sobre la calidad de los testigos contra el exsecretario.
Esto no va a parar. Se puede conjeturar que los operadores orgánicos del gobierno van a presionar en Brooklyn para que puedan ventilarse en el juicio más nombres de medios y periodistas, sin prueba alguna ni evidencia concreta, pero que sirvan para la narrativa presidencial contra la prensa independiente. La cruzada del Presidente tiene hoy en el tribunal neoyorquino su campo de batalla, pero cuando pase, habrá un nuevo terreno contencioso.
La independencia lo afecta y lo molesta. Quien se cruza en su camino obtiene su pase automático a la ignominia. La Magnum 357 que tiene sobre un grupo selecto de medios y periodistas puede acabar con alguno, metafóricamente hablando, pero difícilmente podrá, pese a su poder, con todos.