La ofensiva contra Andrés Manuel López Obrador comenzó el martes por la tarde en el portal de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, al publicarse un manifiesto firmado por 22 organizaciones empresariales, activistas y abiertamente militantes, que establecían que “mucho de lo que ha cambiado en México fue primero exigencia y propuesta de la sociedad civil”. No fue una iniciativa que saliera de la nada, sino resultado directo de una declaración del puntero en las preferencias electorales, quien expresó escepticismo ante ese tipo de organizaciones. “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes”, dijo López Obrador en una entrevista colectiva en Milenio Televisión, en marzo. “Es un parapeto en el mejor de los casos, supuestamente promovido por la sociedad civil, independiente”.
La siguiente fase fue el jueves, con la publicación de un desplegado en algunos periódicos de la Ciudad de México –se desconoce si en el resto del país también se difundió en ese formato–, donde reprodujeron el manifiesto que enumera 10 exigencias ciudadanas que, afirman quienes se responsabilizaron de él, se convirtieron después en reformas de segunda generación o dieron pie a políticas públicas. “México ha cambiado mucho durante las últimas décadas”, dice el manifiesto. “Esta profunda transformación no podría explicarse sin el trabajo e incidencia de una red de organizaciones ciudadanas con una agenda tan diversa como los propios problemas nacionales.
“Desconfiar de la sociedad civil, equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad. Suponer que sólo la autoridad del presidente o del gobierno, sin la participación de los ciudadanos, puede encarar problemas como la inseguridad y la corrupción, es una peligrosa ingenuidad que sólo agravará la crisis actual. Más que suspicacia y recelo, el trabajo de la sociedad civil debería ser considerado como una aportación para diagnosticar y resolver los problemas colectivos”, agrega.
El manifiesto fue firmado por cúpulas empresariales, como el Consejo Coordinador Empresarial y la Coparmex; por organismos financiados por el sector privado, como el Instituto Mexicano de la Competitividad, y por ONG como México Unido contra la Delincuencia, Causa en Común, México Evalúa y México SOS. En el texto no marcan a destinatario alguno, pero no era necesario, dado que sólo López Obrador ha expresado sus sospechas sobre la agenda de la sociedad civil. Pero, para que no hubiera duda, los dirigentes empresariales le pusieron nombre y apellido al destinatario rápidamente.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, afirmó: “No podemos tener un México moderno sólo con caudillismo. Tenemos que tener un México de instituciones, (donde) ejerzan de cara a la propia sociedad, para garantizar una convivencia pacífica y una convivencia democrática en orden”. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, subrayó: “No podemos concebir un gobierno moderno sin respeto a la participación civil. Tenemos que dejar bien claro a todos los partidos y candidatos que deben incentivar la participación de la sociedad”. Los dos procuraron dejar claro que el manifiesto iba dirigido a todos los candidatos, pero, por eliminación de posiciones, sólo a López Obrador le quedaba el saco. Dos de los abajofirmantes han entrado en conflicto con el candidato presidencial. Castañón ha sido muy crítico de su modelo económico, mientras que López Obrador considera a Claudio X. González como uno de sus principales enemigos para ganar la Presidencia. Hay dos González. Uno, González Guajardo, es presidente de Mexicanos Contra la Corrupción; el otro, González Laporte, su padre, miembro del poderoso Consejo de Negocios y que tiene una estrecha relación, de décadas, con el expresidente Carlos Salinas. En este caso, el candidato no ha dicho a quién se refiere, o si es a los dos por igual.
El manifiesto no ha sido visto en toda su magnitud, ni lo que representa. Pero es un documento en el cual un grupo empresarial influyente, con conexiones hacia las elites económicas y los sectores productivos, con ramificaciones con gobiernos extranjeros e instituciones internacionales, decidieron meterse en la elección presidencial. “Sólo los regímenes autocráticos o los defensores del status quo pueden percibir la participación cívica como una amenaza al orden y la estabilidad”, expresaron en el texto. “Mientras exista en México un régimen de libertades democráticas, habrá espacio para la sociedad civil, para sus exigencias y propuestas”. Leído entre líneas, dicen que la democracia no puede existir sin una sociedad civil –que ellos representan–, y que el único hábitat en el que puede desarrollarse para servir como motor de cambio –como lo han sido–, es con un gobierno que no sospeche de ellas –como sí lo hace López Obrador.
Sin mucha sutileza, las 22 organizaciones entraron en confrontación con López Obrador. No aprenden de la historia. Involucrarse en la campaña presidencial en 2006, llevó a una dolorosa polarización, cuando la sociedad se partió, porque se trató de una elección entre los buenos y los malos, que se excluyeron recíprocamente. Si no se acuerdan, las familias se partieron y, en algunos casos, nunca se restableció el tejido social en esos núcleos, como tampoco se sanaron las heridas sociales y políticas que dejó el conflicto.
La polarización lleva a los extremos, y sus posturas lo único que lograrán es exacerbar. Ya sabemos qué pasa cuando el fuego se combate con gasolina. La lucha por la Presidencia es patrimonio de los candidatos y de nadie más. Quienes no van a las urnas deben propiciar el debate y aportar información a la sociedad, no actuar con ánimos golpistas como los que proponen combatir.