En estos días asistimos, queramos o no, a la antesala de las elecciones del 2018. Lo podemos ver en periodicazos, acusaciones cruzadas, despliegue de malas prácticas, agresiones en redes sociales o en las calles, golpeteo, noticias falsas, propuestas huecas o simplemente demagogia.
Sí, el horizonte hacia las elecciones presidenciales no es para nada alentador. Sin embargo, creo que éstas nos pueden funcionar como una suerte de experimento: analizarlas para no volver a repetir sus vicios en futuras elecciones. En esta y futuras columnas me dedicaré a analizar los escenarios y alternativas que podríamos tener al respecto de las mañas mapacheras, presupuestos exacerbados y falta de una democracia sustantiva.
Particularmente hoy me interesa revisar el proceso que se celebrará en el Estado de México, pues su peso electoral y simbólico es de mucha relevancia para nuestro país. ¿Qué podría ser distinto en esta elección para que la democracia pudiera enamorarnos? Revisemos primero su estado actual.
El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) determinó que su presupuesto será para este año electoral de 2 mil 228 millones de pesos. Con estos recursos se busca celebrar las elecciones, pagar a la burocracia, cuidar de los edificios y demás actividades. Cabe destacar que, de esa cifra, a los partidos políticos les tocaron 825 millones de pesos. En la repartidera, el más ganón fue el PRI, al cual se le entregan poco más de 225 millones de pesos; Acción Nacional, 131 millones; PRD recibiría 114 millones; 89 millones serán para MORENA; PES, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, PT y el Partido Verde recibirán alrededor de 50 millones de pesos cada uno.
Por si esto fuera poco, cada partido político tendrá el derecho de ejercer hasta 285 millones de pesos durante la campaña electoral a la gubernatura. Esto significa que, durante dos meses de campaña, los habitantes del Estado de México serán testigos de un despilfarro de cerca de 5 millones de pesos al día por candidatura. Repito: las autoridades electorales consideran que es legítimo que cada una de las candidaturas a la gubernatura ejerzan hasta 5 millones de pesos al día para dar a conocer su propuesta electoral.
Cabe mencionar que, a pesar de estas carretadas de recursos, la participación en las últimas contiendas electorales del Estado de México es francamente baja, la tristeza ha sido la ganadora total. La asistencia a las urnas en la última contienda por la gubernatura en 2011, fue del 42.64% del total de quienes podían ir a votar. En las elecciones del 2005 fue el 42.7% de los electores a votar. En 1999 fue el 46.9%. Es decir, proceso tras proceso más y más gente se ha quedado en casa y no ha salido a elegir a su gobernante.
Frente a estas cifras vale la pena preguntarnos: ¿Hemos construido un sistema verdaderamente incluyente, deliberativo, pacífico y plural para tomar las decisiones de nuestro futuro? Yo creo que aún no. Tenemos una enorme brecha para superar.
Es llamativo que de los 2 mil millones de pesos en presupuesto para el IEEM, sólo $62 millones sean para promover la participación ciudadana. Eso nos da un panorama claro: la forma de entender la política en México se preocupa por tener más electores, no porque existan más personas plenas que conozcan y sepan hacer valer sus derechos.
Depositar un voto en una urna no es sinónimo de democracia. Sí es, sin duda alguna, parte de un ejercicio democrático, pero no es suficiente. La esencia de la democracia recae en la posibilidad de deliberar como sociedad cuál es el camino que buscamos para organizarnos, para construir un proyecto de país donde nadie quede atrás. En las siguientes columnas expondré cómo creo que estos ideales pueden suceder.