El 8 de noviembre el periodista Zedryck Raziel publicó en el sitio Animal Político el reportaje titulado “18 superdelegados enfrentan denuncias por nepotismo y desvíos, uno incluso por abuso sexual”. En esta nota se presenta una lista de las y los delegados federales que están siendo investigados por la Secretaría de la Función Pública por diversas acusaciones relacionadas con el mal uso de sus atribuciones.
Recordemos que estas nuevas estructuras llegaron un poco antes de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, cuando en noviembre de 2018 el Senado aprobó su creación. Nacieron para disminuir el aparato burocrático de delegaciones, subdelegaciones y oficinas de representación que un sinfín de dependencias federales tenían en cada uno de los estados. De esta forma los legisladores le otorgaron a las “super delegaciones” la función principal de concentrar la distribución de los programas sociales federales con los objetivos de evitar la corrupción y hacer más eficiente la entrega de los recursos.
Debe llamar la atención lo publicado por Animal Político, pues queda claro que estas delegaciones han sido utilizadas en muchos casos como una agencia de colocación para familiares y cercanos. Por si fuera poco, también han sido opacas en cuanto a la entrega de censos, evaluaciones de resultados y distribución de los programas.
Distintos actores políticos también han señalado que estos cargos han sido útiles para posicionar a actores clave de Morena en la carrera a las gubernaturas. En ese sentido se podría argumentar que, como cualquier otro participante de la vida pública, su desempeño en un área estratégica es su mejor activo y que ello no constituye delito electoral alguno. Sin embargo, esta nota muestra cómo algunos de los delegados han utilizado los programas sociales para promocionar su imagen, lo cual es ilegal y contrasta con los objetivos declarados prioritarios por parte del gobierno actual.
Es ilegal porque impulsa las aspiraciones de un funcionario utilizando los recursos públicos como si fueran propios y porque en muchas ocasiones la entrega de apoyos o recursos podría inducir el voto por el partido en el poder. La malversación también actúa en contra de las búsquedas que dice perseguir esta administración, pues los programas distribuidos por las delegaciones tienen como principales destinatarios personas que viven en condiciones de pobreza.
El reportaje destaca algunos casos, como la denuncia que tiene el superdelegado de Sinaloa, José Jaime Montes Salas, quien realizó en plena pandemia entregas directas del programa “68 y más”. Aunque dichas actividades podrían haber estado orientadas por la lógica de eficiencia, la compañía del Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, quien no tiene atribuciones para distribuir estos apoyos, muestra que la actividad tenía un corte evidentemente electoral.
Otro caso que retoma Raziel en su nota es del delegado de San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, quien fue denunciado, entre otros delitos graves, por realizar actos de proselitismo en la comunidad de Tamazunchale, donde – señala la denuncia– el delegado declaró que los programas sociales “llegaban gracias a él”.
Estas postales nos ayudan a entender que las reformas en la estructura de gobierno y los nombramientos para encabezar las nuevas delegaciones estatales no han sido suficientes para erradicar la cultura de la corrupción ni eliminar prácticas como la malversación y el desvío de recursos públicos. La crítica a su funcionamiento no se trata de un asunto de oposición irracional, sino interés en el ejercicio de miles de millones de pesos orientados con el fin de atender poblaciones vulnerables.
Estoy cierto que hay servidores de la nación que caminan cada rincón del país con el objetivo de hacer llegar los programas sociales a quienes más los necesitan. También estoy seguro que fuera de la administración actual hay quienes desean que el objetivo del abatimiento de la pobreza sea una realidad.
Se esté de acuerdo o no con la orientación de los programas del gobierno actual, es vital erradicar la corrupción, el nepotismo, la malversación y los delitos electorales en las delegaciones, los cuales son espacios vitales para el desarrollo social.