Un pilar clave del Estado mexicano podría ser destruido hoy, si los ministros le entregan la presidencia de la Suprema Corte al titular del Poder Ejecutivo.
Eso es la candidatura de Yasmín Esquivel Mossa: poner los poderes Ejecutivo y Judicial en manos de una sola persona.
Y, desde luego, la toma de la Corte por un grupo político que busca el control transexenal del país.
Lo que se vota hoy es la destrucción de la Suprema Corte como un poder independiente.
Un tiro al corazón de la democracia mexicana.
Un golpe a la premisa elemental de una sociedad habitable: la igualdad ante la ley.
El grupo gobernante lucha por extender su poder más allá del sexenio.
Lo lograron al imponer al Ejército en tareas de seguridad pública (entre muchas otras), de manera obligatoria, para el próximo gobierno.
Su proyecto para destruir el INE, árbitro imparcial y profesional de las elecciones, está en marcha.
Hoy es el asalto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
No hay escrúpulos para imponer sus intenciones: se defiende a la candidata oficial que plagió su tesis profesional.
A la que inventó que el plagiado era el plagiador, y hasta falsificaron una declaración notarial de la víctima para inculparlo (Eje Central del sábado).
Parecía que la candidatura de Yasmín Esquivel Mossa se había derrumbado ante el peso de las evidencias por el plagio de su tesis.
Además, por el conflicto de interés que significa ser la esposa del asesor y contratista favorito del grupo en el poder.
Pero hay una insistencia del gobierno en sostener su candidatura, lo que hace temer lo peor.
Desde el Poder Ejecutivo se asumió la defensa de la candidatura de Yasmín Esquivel, con argumentos que deberían ser una agravante más para su descalificación: su compromiso con el proyecto ideológico que hoy gobierna.
La Constitución no importa, sino la lealtad a la causa.
De consumarse el golpe a la Corte, el poder transexenal de quienes hoy están en el poder queda garantizado, aunque pierdan las elecciones presidenciales del año próximo.
En caso de no pasar la candidatura destinada a destruir la Corte, el gobierno tiene un plan B para, al menos, subordinarla de aquí al fin del sexenio.
El plan B es el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Se lo habían prometido desde que votó por una consulta popular para llevar a juicio a los expresidentes.
Ahí fue cuando Gutiérrez se puso al servicio del gobierno. ¿No? Por sus fallos lo conoceréis.
Votó en contra de la inconstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.
Quiso confundir un poco al argumentar que había puntos que sí compartía y otros no, pero a fin de cuentas votó contra la invalidez de la norma.
En sus manos estuvo frenar ese grave error que le costará económicamente, y en desarrollo, al país en los siguientes años.
Con apego a la Constitución, Gutiérrez le habría evitado al país un conflicto con Estados Unidos y Canadá por vulnerar los acuerdos firmados en el Tratado de Libre Comercio (T-MEC).
El ministro Gutiérrez votó a favor de validar el acuerdo sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta más allá del actual sexenio.
Desde luego no son lo mismo Yasmín Esquivel y el ministro Gutiérrez. Este último se puso la camiseta de la 4T como se puso la de Peña Nieto y se pondrá la de quien siga.
Gutiérrez no plagió su tesis y no se le conocen conflictos de interés. Pero sacrifica la autonomía de la Corte y la integridad de la Constitución para quedar bien con el gobernante en turno.
No sería, sin embargo, una herencia del actual gobierno al siguiente, como ocurriría en el caso de Yasmín Esquivel.
Por eso es el plan B y no el A.
Desde luego es necesaria la buena relación entre los titulares de los poderes. Salvo cuando se quiera violar la Constitución.
Y ahí el ministro Gutiérrez ha mostrado la fragilidad que el actual gobierno necesita.
De los males, sería el menor.
Aunque los ministros no están obligados a votar entre dos males.
Hoy es su prueba decisiva: destruyen la Corte, la entregan de manera transitoria, o salvan la autonomía del máximo tribunal y el decoro de sus nombres.