Después de la reprobable torpeza de la PGR al difundir el video de una conversación privada de Ricardo Anaya con sus abogados, la tarea del gobierno debe ser cuidar al candidato del Frente, a López Obrador, a José Antonio Meade e independientes como si fueran cristales de Bohemia.
Cualquier loco con ganas de hacerle “un favor” al gobierno tendrá a su mano la posibilidad de dañar a Anaya.
A López Obrador ni se diga. Lo que le pueda suceder, en un indeseable caso, va a ser tomado como una maniobra del Estado para frenarlo.
Lo mismo a Meade, que si en alguna circunstancia le ocurriera un incidente, será visto como una acción del gobierno por la razón que se quiera argumentar.
¿Por qué el Estado va a ser responsabilizado? Porque el actual Procurador ya se metió a la elección.
La estabilidad social, política y económica está en juego. Toca al Estado protegerla y no lo está haciendo bien.
Desde el inicio del proceso electoral a la fecha, 58 representantes populares o aspirantes a serlo han sido asesinados.
Todavía no empieza la campaña formal y ya hay 58 ejecutados.
La realidad no pinta nada bien como para que la PGR –autoridad que debe actuar de buena fe–, le eche leña al fuego y predisponga los ánimos de la opinión pública en contra suya, por su manifiesta e innecesaria animadversión hacia un candidato presidencial.
En ese caso, y en el de todos los conflictos político-judiciales que se den, la autoridad debe dar garantías de imparcialidad y sólo deben hablar los hechos, las pruebas y los argumentos de descargo.
El horno no está para bollos y se juega con fuego.
Solamente ayer hubo dos asesinatos de políticos en el país. Mataron al aspirante de Morena a la alcaldía de Santa Clara Ocoyucan, en Puebla. Asesinaron al ex diputado priista y líder de la CTM en Oaxaca, Alfredo Ramos Villalobos.
La semana pasada asesinaron a dos aspirantes a la alcaldía de Chilapa, en Guerrero, una del PRD y otra del PRI.
Decenas de alcaldes, diputados y candidatos a serlo, fueron ejecutados.
De 87 agresiones registradas contra ellos desde septiembre al 6 de febrero, 54 terminaron en ejecuciones, reporta hoy El Financiero, a los que hay que sumar los dos de ayer y los de las candidatas de la semana pasada.
Matar se ha vuelto fácil en México, y los candidatos no están exentos de ser víctimas del encono político que lleva al homicidio.
Hoy el gobierno le debería tener una escolta de primer nivel a López Obrador, Anaya y Meade, y a partir de que se registren a Margarita Zavala, Armando Ríos Píter y El Bronco.
En caso de que algunos de ellos rehúsen la guardia del Estado Mayor Presidencial, por desconfianza o por lo que sea, es preciso autorizar una partida presupuestal a fin de que ellos paguen su propia escolta.
¿Cuesta mucho dinero?
Nada, absolutamente nada en comparación con lo que el país arriesga en caso de que le pase algo a alguno de los candidatos a la Presidencia.
Como muy pocas veces, los ánimos están que arden. La tarea es obvia: hay que impedir que ardan porque con ellos se incendia México.
Y lo tenso de la situación no debe ser impedimento para que en esta campaña se diga de todo.
Deben salir a relucir todos los trapos sucios que pudieran tener los candidatos, y que vayan a tribunales los que han violado la ley, si es el caso.
Pero la autoridad investigadora tiene que brindar garantías de buena fe y no azuzar los enconos con filtraciones, sino aplacar las dudas con pruebas irrefutables, o decir que no las hay.