No es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral (INE) está bajo ataque, aunque sí la primera ocasión que lo hace un presidente en funciones.
El PRI lo hizo acremente durante muchos años. Por ejemplo, a fines de la década de 1990, el entonces partido en el poder acusaba al instituto de tener un sesgo anti-PRI y amenazó con enjuiciar a varios consejeros. En 1997 había perdido por primera vez en su historia la mayoría en la Cámara de Diputados y ese hecho lo predisponía a acusar —de vez en vez— a la autoridad electoral.
Luego, cuando el IFE le impuso al PRI una multa por 1,000 millones de pesos por el llamado Pemexgate en 2003, la dirigencia del partido también lanzó sendos ataques en contra de los consejeros del IFE.
El Partido Verde también ha asediado al instituto. Recuerdo cuando ante la negativa de aprobar sus Estatutos en 2004, el dirigente de ese partido amenazó con enjuiciar políticamente a varios consejeros (incluido el de esta pluma) y lo trató de hacer con el apoyo del PRI.
También ha existido asedio pasivo. En 2007 ante una embestida en contra del IFE por parte del PRI y del PRD al que acusaban de pérdida de confianza por razones confusas, entre ellas el conflicto poselectoral de 2006, el PAN apoyó una reforma electoral que renovó de forma anticipada a su consejo general. Contó con la anuencia del presidente de la República.
De tal forma que los ataques al INE, activos o pasivos, son parte del paisaje de la política mexicana tan llena de actitudes oportunistas e irresponsables. Nada más fácil que golpear al árbitro para expiar una culpa propia.
No obstante, la actual es la andanada más violenta que haya existido y las amenazas se pueden materializar. Por ejemplo, el presidente de la República podría proponer después de la elección una reforma constitucional para refundar al INE y con ella cambiar a su consejo general. Usaría como argumento ahorrar dinero y derribar otra institución del periodo neoliberal.
De la mano del cambio de nombre y de estructura del INE, se podrían eliminar los diputados plurinominales y reducir a la mitad el financiamiento de los partidos. “Nunca más partidos ricos con pueblo pobre”. Dichas medidas serían sumamente populares, pero implicarían la captura del órgano electoral, la reducción de los estándares de imparcialidad y eficacia para organizar elecciones y la erosión del pluralismo.
Visto en prospectiva, los ataques de hoy son parte de la narrativa para una reforma electoral mañana, así como una justificación para la pérdida de curules y de gubernaturas que tendrá Morena. Será el partido más votado, pero no tanto como en 2018. Más fácil decir en la mañanera del lunes 7 de junio que Morena perdió su mayoría calificada por culpa del INE, no del pueblo.
No es que el INE quiera afectar a Morena; simple y llanamente el partido en el poder sabe que habrá un costo electoral en junio y le incomoda un árbitro independiente. Esa experiencia –la del costo electoral—ya la han vivido el PRI y el PAN y Morena no podrá evitarla.
¿Cómo mitigar los riesgos que penden sobre el INE?
Primero, expresar apoyo al INE en redes, medios y calles. Que el Tribunal Electoral asuma una postura de defensa institucional. Eso no significa validar cada decisión del Instituto, pero sí poner un alto al acoso presidencial.
Promover la participación electoral el 6 de junio para que el mensaje —al margen de ganadores y perdedores— sea que México votó. Esa es la mejor vacuna frente a los nubarrones en el horizonte.
Y finalmente, contrapesar el poder presidencial para que los deseos de refundación del INE y de otras instituciones sea impedido por el Congreso mexicano. Y eso se logra con votos y curules.