Ante ello, el ahora exresponsable de la operación del Instituto ya presentó recursos por una destitución violatoria de la Constitución, y el INE ya también presentó una impugnación ante el Tribunal Electoral, señalando la invasión de funciones del Legislativo, que es violatoria de su autonomía constitucional.
Y vienen en los próximos días acciones de inconstitucionalidad por parte de legisladores y otros poderes; amparos por parte de ciudadanos y trabajadores del Instituto, así como controversias constitucionales por parte del propio INE.
Ante esta cascada de recursos, será fundamental que los juzgadores de todos los niveles se sientan arropados por los ciudadanos para tomar sus decisiones con autonomía.
Imaginen nada más, si el personaje más relevante del Poder Judicial, la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, recibe públicamente amenazas de muerte, cuál puede ser el ambiente en torno a otros juzgadores que no tengan el respaldo institucional de la ministra Piña para brindarles protección.
No es exageración decir que el equilibrio de poderes, una parte esencial de nuestra democracia, se juega en las siguientes semanas, con el tema de la forma en la que la Corte aborde el llamado plan B.
No es que los ataques a la Corte sean nuevos. Desde los tiempos en los que la presidía Arturo Zaldívar, hubo señalamientos de corrupción por parte del presidente de la República en contra de la mayoría de los ministros.
Hablamos de la Corte, pero en realidad, el arropamiento ciudadano tiene que ser a todo el Poder Judicial, destacadamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
La actitud asumida por la Cámara de Diputados desde el año pasado, cuestionando las resoluciones de este Tribunal implica un cuestionamiento al Estado de derecho, pues los sujetos obligados, como en este caso la Cámara, asumen que pueden o no cumplir con las instrucciones del Tribunal. Lo hacen si las consideran justas y bien fundadas.
Cuando el jefe del Estado en México tiene una filosofía en la que considera que las leyes que deben cumplirse son aquellas que son justas, mientras pueden incumplirse otras que presume que no lo son, inspira para que otras instancias del Estado hagan lo mismo.
La encuesta publicada ayer en estas páginas señala que la confianza en la Corte, de 52 por ciento, es aún ligeramente superior a la que hay en la Presidencia, 51 por ciento. Pero la de la Corte bajó 5 puntos en febrero.
Eso significa que los constantes ataques del presidente y otros funcionarios, sí han funcionado para erosionar esa confianza.
Por eso, lo más probable es que sigan.
Es la razón por la que hay que reiterar que si queremos democracia en México hay que subrayar que la Corte no se toca.