Cuando ayer vi la iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia enviada por el senador Alejandro Armenta, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, no daba crédito.
Resulta que el senador poblano proponía de plano desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
No solo era grave ese hecho. Quizás lo peor es que pretendiera hacerlo a través de una reforma legal y no de una modificación constitucional.
Resulta que la fracción VIII del artículo Sexto de la Constitución establece lo siguiente:
“La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley”.
La iniciativa presentada por el senador Armenta pretendía que fuera la Secretaría de la Función Pública (SFP) la que reemplace al INAI en las tareas que tiene.
La propuesta permaneció por un tiempo en la Gaceta Parlamentaria hasta que fue retirada tras la negociaciones del senador Ricardo Monreal. Luego se volvió a proponer pero asimilando las funciones del INAI a la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Monreal había logrado el acuerdo para elegir a Ricardo Salgado como comisionado del INAI, mismo que al final fue desconocido por los senadores de Morena, lo que propició la toma de tribuna que ha paralizado la agenda del Senado hasta el momento de escribir este texto.
La reforma legal era abiertamente inconstitucional, pues la SFP o aun la ASF no son organismos autónomos ni colegiados.
En otros ámbitos, el senador Armenta parece una persona sensata y con la racionalidad necesaria para saber que la Constitución no puede reformarse a través del cambio a una ley secundaria.
Pero resulta que Alejandro Armenta, además de presidente de la Mesa Directiva del Senado, es aspirante a convertirse en candidato de Morena al gobierno de Puebla en las elecciones del 2 de junio del 2024.
Por azares del destino, otro parlamentario, el diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro y coordinador morenista de los diputados, también aspira a ser el candidato a gobernador.
Cada uno buscará que la voluntad presidencial… perdón, popular, se incline a su favor.
Y para ello, hay que hacer méritos, como sacar adelante las reformas que interesan al presidente, aunque las ignoren los legisladores y no hayan sido dictaminadas en comisiones.
O bien, ya que el presidente López Obrador piensa que el INAI es una creación de los conservadores, proponer su eliminación aunque sea violando la Constitución.
Todo sea por agradar al líder supremo.
Este ambiente está pervirtiendo la vida pública a niveles que no se veían desde hace varias décadas.
Con algunas excepciones, notoriamente la del senador Monreal, hay una competencia entre los morenistas por quedar bien con el presidente de la República, no importa si se saltan reglas o incluso si se viola la Constitución.
Los signos son ominosos.
Si ese es el mensaje que se está dando, imagine por un momento un escenario en el que la oposición ganara la Presidencia o la mayoría en las cámaras del Congreso, por un margen pequeño.
No solo no habría reconocimiento de los resultados, sino lo más probable es que hubiera resistencia a aceptar ese resultado, aunque ello implicara violentar la Constitución.
No soy yo el primero que lo dice, pero cualquiera que sea el saldo electoral del 2024, lo que más conviene al país es que los ganadores lo hagan por una ventaja que no admita discusión.
Si no fuera así, creo que nos esperan tiempos complicados el próximo año.