¿Se imagina que las elecciones del 2 de junio trajeran consigo un triunfo de Morena para la presidencia y al mismo tiempo le dieran al partido en el poder y a sus aliados la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso?
O, incluso, ¿se imagina una situación en la que faltando pocos legisladores para llegar a esa condición pudiera sumar a representantes de otras fuerzas políticas para conseguir la mayoría constitucional?
Si el 1 de septiembre tuviéramos un Congreso en esas circunstancias, es probable que el presidente de la República enviara un paquete de reformas para redefinir completamente al Estado Mexicano, si es que no lo hizo antes.
Seguramente propondría la elección directa de ministros y magistrados del Poder Judicial; regresaría la propuesta para reformar del INE para construir el Instituto de Elecciones y Consultas con sus consejeros también electos por voto directo de los ciudadanos; desaparecería una buena cantidad de órganos autónomos y regresaría la Guardia Nacional al Poder Judicial.
Y quizás, ya con mayoría constitucional, algunas cosas más en materia de hidrocarburos y electricidad.
¿Por qué enviar un conjunto de iniciativas mientras siga como presidente de la República?
Porque López Obrador querría asegurarse de que el nuevo gobierno, aun viniendo de Morena, dé continuidad a sus ideas y proyectos. No quiere dejarle margen para que pueda ajustar el rumbo. De hecho, quiere que se radicalice.
La única manera de impedir que acaben de destruirse los pilares que sustentan a la democracia moderna en México es asegurando que en el Congreso de la Unión, Morena y sus aliados no tengan mayoría calificada.
En el 2018, ya le hemos comentado, Morena y sus aliados obtuvieron el 45.9 por ciento de los votos totales y consiguieron originalmente 308 de los 500 asientos en la Cámara de Diputados, el 61.6 por ciento.
Sin embargo, a través del traslado de diputados de otras fuerzas políticas acabaron rebasando la cifra de 330, con lo que alcanzaron la mayoría calificada.
Hoy existe el sentir de que la elección podría estar más cerrada que la que tuvimos en el 2018. Puede ser, pero no hay garantía de ello.
Lo que se requiere es que la oposición entienda que se juega el futuro del país en las Cámaras del Congreso.
Eso requiere una buena selección de candidatos.
Me temo, por lo que ha trascendido hasta ahora, que el criterio para definir las listas de los candidatos opositores a puestos legislativos será la cercanía que tengan con las dirigencias nacionales del PRI, PAN y PRD.
Al trascender algunos nombres de la lista de plurinominales al Senado, Xóchitl Gálvez precisó que ella no está interviniendo en la confección de esos listados.
Y, todo indica que no se utilizará como criterio de inclusión, la posibilidad de que el personaje seleccionado tenga capacidad de obtener votos.
Si la oposición no entiende que lo crucial es impedir que Morena alcance las mayorías constitucionales en las Cámaras al margen del resultado de la elección presidencial, le estaría abriendo el camino a las reformas constitucionales que AMLO ya ha propuesto y con ello se estarían poniendo los clavos al ataúd de la democracia moderna en México.
El periodo de registro de los candidatos termina el 29 de febrero, por lo que las organizaciones que conforman el Frente Opositor aún tienen poco más de dos meses para reconsiderar los listados que hemos conocido y seleccionar a quienes verdaderamente puedan conseguir los votos para asegurar que el legislativo será un factor del balance de poder en México.