Los gobernadores de Virginia, Virginia Occidental y Carolina del Sur se sumaron a una creciente lista de estados con gobiernos republicanos que envían a elementos de sus guardias nacionales y otros agentes de seguridad a la frontera sur de Estados Unidos.
El gobernador de Virginia, Glenn Yongkin, quien es considerado como un posible aspirante presidencial, anunció una orden ejecutiva para el envío de 100 soldados de la Guardia Nacional de Virginia y 21 elementos de apoyo. Henry McMaster, de Carolina del Sur, y Jim Justice, de Virginia Occidental, anunciaron sus despliegues poco después, también en respuesta a una solicitud del gobernador de Texas, Greg Abbott.
Los anuncios elevan a por lo menos ocho el número de estados con gobiernos republicanos que ordenaron el despliegue de soldados y demás asistencia desde que Abbott solicitó ayuda hace unas semanas.
“La actual crisis fronteriza que enfrenta nuestra nación ha convertido a todos los estados en estados fronterizos”, declaró Youngkin en un comunicado. “Dado que las soluciones a nivel federal se quedan cortas, los estados están respondiendo al llamado de proteger nuestra frontera sur, reducir el flujo de fentanilo, combatir el tráfico de personas y abordar la crisis humanitaria”, dijo.
El presidente Joe Biden anunció a principios de mayo un plan para enviar mil 500 soldados en activo a la frontera, adicionales a los 2 mil 500 elementos de la Guardia Nacional que ya se encuentran en la zona.
Dicho personal militar tiene la tarea de tomar datos de entrada, brindar apoyo de almacenaje y realizar otras labores administrativas a fin de que los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de (CBP, por sus iniciales en inglés) puedan enfocarse en las labores de campo, indicó la Casa Blanca.
Pero el despliegue de Virginia y de otros estados con gobiernos republicanos ha sido con la misión específica de brindar apoyo a la Operación Estrella Solitaria de Texas (Lone Star), la cual es independiente a las labores en activo y de los miembros de la Guardia Nacional que trabajan con la CBP.
Abbott lanzó la operación en 2021, argumentando que el gobierno federal prácticamente le estaba abriendo las puertas a la inmigración ilegal. Los críticos han cuestionado la efectividad del operativo, al cual se le han destinado miles de millones de dólares.