La mutilación genital femenina es una práctica que implica la alteración o lesión de los genitales femeninos por motivos no médicos y que internacionalmente es reconocida como una violación grave de los derechos humanos, la salud y la integridad de las mujeres y las niñas.
De acuerdo con cifras de la Unicef, cerca de 200 millones de niñas y mujeres de 31 países en tres continentes han sufrido la escisión total o parcial de sus genitales externos.
En el Día Mundial de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina, que se conmemora este 6 de febrero, te contamos porqué es importante concienciar y movilizar a la sociedad acerca de los riegos de esta práctica.
La mutilación genital femenina hace referencia a todos los procedimientos que implican la extirpación total o parcial de los genitales externos de la mujer u otras lesiones en los órganos genitales femeninos con fines no médicos. Se practica sobre todo en niñas que se encuentran entre la edad infantil y los 15 años.
Con frecuencia implica la extirpación de los labios vaginales y la Organización Mundial de la Salud (OMS) la describe como "cualquier procedimiento que lastima los órganos genitales femeninos por razones que no son médicas"
A pesar de que produce un gran sufrimiento, y a veces la muerte, las familias de las regiones donde se practica la MGF, la permiten porque creen que así protegen el honor y los intereses de sus hijas.
La Unicef refiere que existen muchos factores que contribuyen a la pervivencia de esta práctica; sin embargo, en todas las sociedades donde se realiza, la mutilación genital femenina es la manifestación de una desigualdad de género profundamente arraigada.
"Algunas sociedades la ven como un rito iniciático; otras la utilizan para reprimir la sexualidad de las niñas o salvaguardar su castidad. Ni el islam ni el cristianismo respaldan esta práctica, pero es habitual que se recurra a los textos religiosos para justificarla", señala.
En los lugares donde la mutilación genital femenina está más extendida, las comunidades la consideran un requisito para el matrimonio o la herencia.
En contraste, las familias que rechazan participar en la mutilación genital femenina se enfrentan al ostracismo y exponen a sus hijas al riesgo de no ser aptas para el matrimonio.
Crédito: UNAM
La Unicef asegura que esta práctica puede causar complicaciones de salud a corto y largo plazo, incluido dolor crónico, infecciones, sangrados, mayor riesgo de transmisión del VIH, ansiedad y depresión, complicaciones durante el parto, infecundidad y, en el peor de los casos, la muerte.
Las repercusiones psicológicas pueden ir desde la pérdida de confianza de las niñas en sus cuidadores hasta ansiedad y depresión que pueden aparecer a largo plazo.
En la edad adulta, las niñas sometidas a la ablación genital son más propensas a sufrir problemas de infertilidad o complicaciones durante el parto, en particular hemorragias posparto, muerte prenatal o muerte neonatal precoz.
Por su parte, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) calcula que más de 4 millones de niñas corren el riesgo de ser víctimas de la ablación genital cada año.
La mutilación genital femenina se concentra en cerca de 30 países de África y de Oriente Medio y Asia meridional, así como algunos países asiáticos (India, Indonesia, Iraq y Paquistán) y algunas pequeñas comunidades de Latinoamérica, específicamente en Colombia.
Asimismo, persiste en las poblaciones emigrantes que viven en Europa Occidental, en Norte América, Australia y Nueva Zelanda.
Foto: AP
En los últimos 15 años, varios de los países donde se practica la mutilación genital femenina, como Burkina Faso, Egipto, Etiopía y Sudán, han aprobado leyes en contra de ella.
Desde 2008, la OMS impulsa decididamente una campaña que busca su erradicación y que se centra en la formación de personal médico capacitado para atender a la mujeres que la sufrieron y mejorar tanto su estado físico como psicológico; en la generación y divulgación de conocimientos sobre sus causas, consecuencias y costos; y en la creación de instrumentos destinados a legisladores y defensores de la causa para que puedan calcular la carga sanitaria que supone y los posibles beneficios en salud pública y ahorro de costos que conllevaría eliminarla.