La organización ambientalista Greenpeace señaló este martes que la propuesta de reforma eléctrica del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abre la posibilidad de regresar al monopolio estatal en el sector, lo que calificó como un “grave error y un retroceso”.
Tras un análisis de la iniciativa, llevado a cabo por el especialista en energía y cambio climático de Greenpeace México, Pablo Ramírez, la organización criticó, mediante un comunicado, el hecho de que corresponda “exclusivamente a la Nación el área estratégica de la electricidad”.
Esto implica, indica Greenpeace, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica, lo cual cancela definitivamente la posibilidad de desarrollar proyectos de generación comunitaria.
El grupo señaló que la modificación puede tener implicaciones “en la generación distribuida, ya que al otorgar al Estado la exclusividad para generación, se cancelaría la posibilidad de que los privados (incluidas las personas en sus casas) puedan generar electricidad, regresando al esquema de monopolio estatal absoluto” que existió durante mucho tiempo.
“Esto sin duda sería un grave error y un retroceso en el camino hacia democratizar la energía”, apuntó la organización y afirmó que los proyectos de “generación distribuida han servido para combatir inequidades y generar acceso a la energía a sectores de la población que sufrían de pobreza energética”.
Greenpeace considera que, al no quedar definidos los parámetros de seguridad y confiabilidad, “existe una enorme discrecionalidad sobre qué tecnologías serán prioridad para el despacho”.
“Lo que nos deja claro el resto de la iniciativa es que las energías renovables (en el texto “intermitentes”) no son consideradas ni seguras ni confiables por las autoridades, por lo que no serán consideradas en el despacho, a pesar de tener costos nivelados mucho más bajos”.
Además, mencionó que “el uso de tecnologías caras, ineficientes y contaminantes para generar electricidad significará que aumentará el precio de la luz” por lo que “el alto costo de generación tendrá que verse reflejado en la tarifa eléctrica” que llega o en un mayor subsidio, que al final de cuentas sale del dinero público, vía los impuestos.
“Es muy importante que los legisladores lo tomen en cuenta con altura de miras, no solamente como un compromiso político, sino cuáles son las consecuencias importantes para nuestro país”, subrayó en rueda de prensa virtual el presidente del CCE, Carlos Salazar.
López Obrador envió el pasado jueves al Congreso su iniciativa de reforma constitucional para establecer que la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) tenga el 54 por ciento del mercado de generación en el país, regular contratos con empresas privadas y suprimir los reguladores autónomos.
El 46 por ciento restante se va a conservar para las empresas particulares para que haya “una auténtica y una verdadera competencia”, apuntó.
La coalición oficialista, liderada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), no ostenta la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso para aprobar reformas constitucionales, por lo que necesitará pactar con la oposición.
También este martes, López Obrador defendió la reforma y dijo evitará que “haya aumentos en el precio de la energía eléctrica” y presionó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que vote a favor.