El gobernador de Texas, Greg Abbott, autorizó el jueves a las fuerzas estatales a detener a los migrantes y devolverlos a la frontera entre Estados Unidos y México, traspasando los límites de sus poderes policiales y los crecientes esfuerzos del republicano para frenar el creciente número de cruces.
El gobierno federal es responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración. Un grupo de derechos de los inmigrantes denunció la medida y pidió una intervención rápida de la administración Biden, que no reaccionó de inmediato a la orden de Abbott.
Entre las preguntas que plantea la medida está el entrenamiento que tienen las fuerzas estatales para detener y transportar a los migrantes. Los expertos legales esperaban que la medida invitara a los desafíos judiciales.
Los cruces están en o cerca del nivel más alto en unas dos décadas. En la frontera de Texas, las autoridades estadounidenses impidieron que los inmigrantes cruzaran ilegalmente 523 mil veces entre enero y mayo, frente a las 417 mil durante el mismo período hace un año.
Abbott culpó a la administración Biden y gastó más de 3 mil millones de dólares en fondos estatales en un enorme aparato de seguridad fronteriza. Pero la operación estatal no ha detenido el flujo de migrantes.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de deportar migrantes a la frontera con México. Aseguró que se trata de una medida motivada por las elecciones intermedias de Estados Unidos, sin embargo consideró que es “inhumano” y “vulgar”.
“Ahí en Texas hay políticos de origen mexicano, de origen cubano, políticos también de origen asiático y qué van a estar apoyando a partidos o a políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en muros y en el uso de la fuerza y militarizar, cuando lo que se tiene que pensar es en la unidad y la fraternidad universal”
En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México “rechazó” la medida diciendo que la política de inmigración era un asunto federal, no estatal, y que la decisión era una táctica puramente política.
“Esta acción solo puede entenderse como parte de las campañas electorales del estado de Texas”, declaró el departamento.