Esta semana, se voto y se aprobó, casi 'al vapor' la modificación a la ley llamada 'supremacía constitucional', propuesta por el partido Morena.
Aunque la reforma ha sido criticada por organizaciones civiles y miembros de la oposición, Morena la defiende afirmando que busca evitar el “activismo político” de jueces y magistrados que en el pasado han invalidado reformas aprobadas por el Congreso.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo en su conferencia matutina del pasado viernes que la iniciativa no introduce nuevos principios, sino que formaliza en la Constitución algo que ya estaba contemplado en la Ley de Amparo.
La reforma plantea cambios a los artículos 105 y 107 de la Constitución para que legislaciones como la polémica reforma al Poder Judicial y futuras no puedan ser impugnadas ni suspendidas.
Con las modificaciones, el artículo 105 señala que “son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a esta Constitución”.
Una controversia constitucional y una acción de inconstitucionalidad son recursos con los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede analizar leyes y reformas aprobadas por el Congreso.
Por otra parte, el artículo 107 añade que “no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a esta Constitución”.
La reforma también contempla un artículo transitorio sobre la retroactividad de las leyes que señala: “los juicios, recursos y consultas en los que se haya cuestionado la validez de una adición o reforma a esta Constitución, por su forma, procedimiento o fondo, y que a la fecha de entrada en vigor de este decreto se encuentren en trámite, se sujetarán de manera directa a lo que este dispone, quedarán sin materia y serán sobreseídos”.
Esto significa que todos los procesos o recursos actualmente en trámite para cuestionar alguna reforma, inmediatamente tendrán que desecharse y no podrán seguir en trámite.
La supremacía constitucional llega en un momento de coyuntura importante luego de que la SCJN admitiera al menos cinco acciones de inconstitucionalidad promovidas por partido políticos y legisladores locales en contra de la polémica reforma al Poder Judicial para analizar su validez.
Sheinbaum –quien ha defendido las enmiendas a la Constitución– ha enfrenado la resistencia de los jueces a la implementación de la reforma judicial.