Porque la exfuncionaria es acusada de participar en la llamada Estafa Maestra
Los abogados de Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), solicitaron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adopte una medida cautelar que ordene al Estado que le permita afrontar en libertad el proceso en su contra por conocer y no denunciar desvíos de fondos durante su gestión.
El abogado Julio Hernández señaló a reporteros tras interponer el recurso ante la CIDH que Robles amerita ser beneficiada con una medida cautelar porque consideró que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le impuso la prisión preventiva debido a motivos personales y políticos y afirmó que no se dará a la fuga.
“La privación de la libertad es un daño irreparable. Cada día que pasa sin que haya una resolución sobre este caso es un día que está en prisión una persona”, dijo Hernández, uno de los tres abogados que acudieron a la CIDH. “De manera que sí hay un caso urgente y un daño irreparable”.
La Comisión tiene la facultad de emitir medidas cautelares para solicitar a los gobiernos que protejan a ciudadanos en riesgo grave y urgente de sufrir daño irreparable.
Además de la medida, Hernández también interpuso una queja con la esperanza de que la Comisión admita el caso, estudie la causa y emita una resolución con recomendaciones al Estado mexicano.
Al ser acusada este mes de “ejercicio indebido del servicio público” Robles se convirtió en el primer miembro del gabinete del exmandatario Enrique Peña Nieto (2012-2018) en pisar la cárcel.
En caso de que la CIDH no otorgue la medida cautelar inmediatamente, Hernández se mostró confiado en lograr la libertad de Robles en 10 días gracias a una apelación que interpuso ante un tribunal.
La Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que Robles tuvo pleno conocimiento de un desvío de fondos desde junio de 2014 pero no lo denunció, lo que afectó los intereses y el patrimonio de las dos secretarías de las que fue titular y ocasionó daños a las arcas públicas por 260 millones de dólares.
Pero Hernández sostuvo que Robles es inocente y que la fiscalía erróneamente fundamenta su acusación en auditorías que aún no han concluido.