La Universidad Popular de la Chontalpa (UPCH) logró un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para el desbloqueo de cuentas de la institución que permitirá “la plena operación administrativa, respeto a derechos humanos y educativos de la comunidad universitaria”.
El rector Antonio del Ángel Flores informó que gracias a las gestiones realizadas se liberaron 22 cuentas bancarias que no podían usarse desde 2019 a consecuencia de los procesos relacionados con la llamada “Estafa Maestra”.
De esta manera se podrá disponer de alrededor de 4.5 millones de pesos, necesarios para cubrir la nómina y las prestaciones de fin de año para el personal docente y administrativos y además, se podrán recibir recursos federales y manejar los propios con mayor facilidad.
Además, en tanto se termina el trámite ante los bancos, se podrán abrir nuevas cuentas, algo que tampoco podía hacer la universidad por las medidas impuestas por la UIF.
Tras una reunión con el titular del organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Créditos Público, Santiago Nieto Castillo, el rector señaló que las investigaciones con funcionarios pasados involucrados con la “simulación” de contratos con Petróleos Mexicanos y dependencias federales, sigue adelante.
Apenas en marzo, el académico tabasqueño admitió una deuda de 400 millones de pesos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como consecuencia de las irregularidades cometidas en años anteriores.
Dijo que cuando asumió el cargo, en 2019, se encontró con una crisis financiera grave por los pasivos heredados y una serie de malas prácticas que impidieron el poder disponer de recursos suficientes para programas educativos o de investigación.
Recordó que hace dos años prevalecían “privilegios, intereses de grupos y cacicazgos” al interior de la UPCH, que es la de segunda mayor importancia en el estado.
Además, se ha entregado información sobre convenios y contratos con PEMEX del 2013 al 2018, que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) solicitó, y se estima que al menos cuatro exrectores pudieron haber estado involucrados, aunque las denuncias corren a cargo del ente auditor y la UIF.