Porque el gasolinazo sigue teniendo consecuencias
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo sobre las medidas de austeridad anunciadas hace unas semanas.
Las medidas de austeridad derivadas del alza a los combustibles incluyen un compromiso de ahorro de hasta mil 900 millones de pesos a lo largo del ejercicio fiscal 2017.
De este monto corresponderán al alto tribunal 420 millones de pesos, al Consejo de la Judicatura Federal mil millones, y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 480 millones de pesos.
Las medidas se desarrollarán bajo la premisa de que la actividad jurisdiccional no se verá afectada. Estos son los acuerdos con los que la SCJN pretende ahorrar dinero este año:
1. Diferir proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizar los gastos de viáticos y pasajes, así como la adquisición de bienes, muebles e inmuebles y de gastos de ceremonia y difusión.
2. La creación de plazas debe obedecer a las necesidades institucionales indispensables para la atención de asuntos prioritarios y estratégicos del ámbito jurisdiccional y se sujetará a la autorización de las instancias competentes de cada órgano del PJF.
3. Se limitarán también los contratos de prestación de servicios profesionales a los estrictamente indispensables, y las plazas que permanezcan vacantes por más de seis meses se destinarán a cubrir requerimientos prioritarios o estratégicos.
4. Celebrar contratos multianuales de adquisición de bienes y contratación de servicios, en rubros como materiales de oficina y administración, mobiliario y equipo administrativo, entre otros.
5. La adquisición de vehículos de servicio deberá limitarse al mínimo indispensable y se realizará preferentemente para sustituir el parque vehicular que haya dejado de ser útil.
6. En materia de difusión, impresiones y publicaciones oficiales, se promoverá la celebración de convenios con instituciones públicas para la producción, edición e impresión de obras de carácter jurídico, así como para la difusión del quehacer del PJF.
7. Para la difusión de información de carácter público y la publicidad de las actividades institucionales, se privilegiará cuando sea posible el uso de Intranet e Internet, racionalizando y optimizando los recursos presupuestales autorizados para las publicaciones en medios impresos.