Porque AMLO prometió en campaña que nadie ganaría más que él
¿Recuerdas la promesa de que nadie en el gobierno ganaría más que AMLO? Bueno, al menos por ahora eso no será una realidad, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le regresó al Congreso la Ley Federal de Remuneraciones para hacerle algunas precisiones.
El Pleno de la SCJN ordenó este lunes al Congreso de la Unión que precise la forma en que debe calcularse el salario del presidente de la República, referente para establecer la percepción del resto de funcionarios públicos en el país.
En la actualidad, los miembros del gabinete de AMLO y algunos otros funcionarios han decidido ajustarse al tope salarial marcado por el presidente que es de 108 mil pesos y, aunque ganan más, devuelven parte de su ingreso.
Al concluir con el estudio de dos acciones de inconstitucionalidad contra la Ley Federal para la Remuneración de los Servidores Públicos, la Corte no logró los ochos votos necesarios para la invalidez total de dicha norma por omisión legislativa.
Pero sí alcanzó los ocho votos para declarar la inconstitucionalidad de fracciones de dos de tres artículos de dicha ley, por imprecisiones al no fijar los parámetros objetivos del salario del titular del Ejecutivo.
Los ministros ordenaron al Congreso que dentro de los primeros 90 días del próximo periodo ordinario de sesiones se subsanen las omisiones reflejadas en los artículos 6 y 7 de dicha legislación.
Los ministros dijeron que la redacción actual de los citados artículos se limita a reproducir íntegramente el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún servidor público puede ganar más que el presidente.
Destacaron, sin embargo, que no refleja los parámetros claros y objetivos para establecer el ingreso del presidente.
Los ministros también invalidaron los artículos 217 Bis y Ter del Código Penal Federal que define el delito de remuneración ilícita, donde se establecían penas por hacer pagos de sueldos y prestaciones en exceso o por no reportar aquellos recibidos en exceso.
En abril pasado, según dijeron los ministros, la ley original aprobada en noviembre de 2018 se reformó casi en un 90%, pues 15 de 17 artículos fueron modificados y se adicionó uno más.
La norma se quedó a dos votos de ser invalidada en su totalidad.