El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en una gira por el norte del país, firmará un acuerdo para la regularización de los llamados “autos chocolate”, lo que ha sido calificado por empresarios y por la industria automotriz como un “premio a la corrupción”.
Los vehículos “chocolate” son aquellos de marcas, modelos o versiones que no se comercializan en México por concesionarios ni agencias. En cuanto a su origen, el 95 por ciento provienen de Estados Unidos y el resto desde Centroamérica y Sudamérica.
El objetivo de la propuesta presidencial se debe a que en México, estos vehículos se utilizan para cometer ilícitos y al no haber un registro, se vuelve complicado darle seguimiento a casos donde están involucrados. Actualmente, se estima que en México hay unos 18 millones de autos bajo esta condición.
En una etapa inicial, que iniciaría la segunda quincena de octubre, cuando López Obrador firme un decreto de legalización, estarían incluidos autos de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; sin embargo, se estima que dicho beneficio se extienda por todo el país.
El proceso de regularización consistirá en reconocer la posesión del vehículo a través de un registro y el pago de un permiso con el que podrán circular sin restricción, dicho ingreso económico se quedará en las mismas entidades para mantener en buen estado las calles.
Al respecto, tanto la Coparmex como la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) se han mostrado en contra de la medida por considerar que se estaría legalizando lo ilegal y dando “un premio a la corrupción”.
NO ES UNA IDEA NUEVA
Esta no es la primera vez que se firma algo así. En 2005, el entonces presidente Vicente Fox permitió la legalización de autos usados importados, lo que provocó la llegada de más de un millón y medio de vehículos de Estados Unidos, superando en 58 por ciento las ventas del mercado interno de autos nuevos, causando el cierre de negocios de esta industria.
En aquél momento, por decreto presidencial se podían importar autos de Estados Unidos y Canadá con más de 10 años de antigüedad sin necesidad de pagar arancel. Además del golpe económico, otro problema fue que muchos de los autos eran “basura”, pues se documentó que entraron al país carros siniestrados por el huracán Katrina.
VAN CONTRA LEGALIZACIÓN DE LA “BASURA AUTOMOTRIZ”
La regularización de autos ilegales representa “un premio para las mafias que se enriquecen con el contrabando”, dio a conocer la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).
De acuerdo con estimaciones de la agrupación, de cumplirse la medida anunciada por López Obrador, habría un golpe al empleo formal, al comercio establecido y la devaluación en 20% del valor de los autos nacionales, lo que terminaría afectando a la economía mexicana, más aún si se aplica en todo el país.
El sector distribuidor detalló que la disminución en el valor de los autos nacionales del mismo año que un chocolate se deberá a la sobreoferta; además de que el propietario, al ver que su unidad cuesta menos, pospondrá su venta o renovación, afectando también la cadena de cambio de usado a seminuevo o de seminuevo a nuevo.
A esto se suman problemas de seguridad, toda vez que se estima que dichos autos se venden hasta cinco veces más baratos que uno nuevo y en la mayoría de los casos se pagan en efectivo, por lo que el rastreo del origen del dinero es prácticamente nulo.
Guillermo Rosales, director de la AMDA, mencionó que entre enero y agosto de 2021 se importaron en México 106 mil 502 autos usados, lo que representó un incremento de 35.7 por ciento comparado con lo registrado en igual periodo del año pasado. Este es el mayor incremento que reporta el sector en ocho años que ha tenido una tendencia al alza tras el anuncio del presidente, en julio, de legalizar estos vehículos.
En entrevista con El Financiero, dijo que López Obrador ofreció una convocatoria al sector automotriz para recoger su opinión respecto a la legalización de autos “chocolate”, al final no fueron convocados, ni les pidieron su opinión y colaboración, por lo que esperarán a la publicación del decreto para analizar las opciones legales que tienen para defender a su industria.
Por otro lado, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) también se pronunció en contra de la medida que, dicen, afectará el patrimonio de las familias que cuentan con un auto adquirido legalmente y quienes cumplen con sus obligaciones fiscales.
Esta agrupación añade que la regularización de estos vehículos hará que lleguen muchos en condición de chatarra o “basura automotriz”, como ocurrió durante el gobierno de Fox, lo que, incluso, tendría un impacto ambiental y de seguridad vial.