Porque la firma brasileña, que es acusada de corrupción, también se involucró con el gobierno del veracruzano
Durante el gobierno de Javier Duarte, en Veracruz, se puso el agua potable del puerto y su zona conurbada, así como un proyecto de generación de energía eléctrica, en manos de la firma Odebrecht, que enfrentan acusaciones por sobornos y lavado de dinero en Brasil y otros países de Latinoamérica, incluidos México y Estados Unidos.
La asociación Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) dio a conocer ayer una investigación, en la que destacó que a lo largo de su administración (del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016) Odebrecht instaló 13 empresas en la entidad, cuando antes sólo había una.
Duarte otorgó los permisos para que cuatro de ellas explotaran recursos naturales; el Estado no obtendría ganancias económicas por esos negocios, detalló MCCI.
“Eduardo de Melo Pinto, involucrado en el pago de sobornos por tres millones de dólares a un político brasileño, es fundador, director y apoderado en tres empresas establecidas en Xalapa (filiales de Odebrecht), que se asociaron desde 2013 con el gobernador Javier Duarte para generar energía eléctrica”, señaló la investigación.
El otro socio que menciona MCCI es Javier Chuman Rojas, quien ha ocupado cargos directivos en el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) de Veracruz, y está acusado de lavado de dinero en obras en Angola.
Estos señalamientos contra los directivos forman del proceso que se sigue al expresidente brasileño Luiz Inacio Lula Da Silva, conocido como Lava Jato, que es, desde 2014, la mayor operación judicial contra corrupción.
La organización civil también destacó que el exgobernador, detenido el sábado pasado en Guatemala, jugó un papel clave para que se concesionara a Odebrecht “durante 30 años –en un proceso plagado de irregularidades– el servicio de agua para los municipios de Veracruz, Boca del Río y Medellín”.
El título de concesión no tuvo fecha de inicio, por lo que tampoco podía saberse cuándo terminará, según una auditoría hecha por el Órgano Fiscalizador Superior del Estado de Veracruz. Pero no es la única anomalía: tiene espacios en blanco, careció de viabilidad técnica y nunca participó el Comité de Adquisiciones.
El contrato para manejar el agua potable en la zona conurbada de Veracruz se dio a conocer el 9 de junio de 2015; es decir, más de un año después de haberse iniciado el caso Lava Jato.