La agencia Moody's y el banco BBVA advirtieron sobre riesgos en la economía de México tras la aprobación de la reforma al Poder Judicial en el Congreso de la Unión.
Por su parte, BBVA aseguró que la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no cumple con los lineamientos necesarios debido a que se socava el Estado de Derecho.
“En consecuencia, las perspectivas económicas de México podrían deteriorarse fácilmente más rápidamente de lo previsto”, indicó la institución financiera en un comunicado.
Agregó que la iniciativa generaría una rebaja de calificación por parte de las principales agencias mundiales, lo cual afectaría a la economía mexicana debido a que se tendría menor capacidad para atraer y mantener las inversiones extranjeras.
Uno de los puntos más fuertes con los que cuenta la economía mexicana es el nearshoring, donde empresas extranjeras han transferido sus operaciones a México, lo cual podría provocar la mudanza de grandes industrias debido al temor de que sus derechos se vulneren.
“Las empresas pueden temer que sus derechos no estén protegidos. Esto puede sofocar el crecimiento económico, limitar la creación de empleo y endurecer las relaciones comerciales, en particular con Estados Unidos, exacerbando los desafíos económicos existentes", agregó.
En tanto, Moody’s advirtió que el cambio constitucional deteriorará los controles y equilibrios lo que podría socavar la fortaleza económica y fiscal del país.
“El sistema judicial ha bloqueado anteriormente cambios legales radicales. La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica ha contribuido a la volatilidad financiera en el corto plazo, y un shock de confianza prolongado podría ampliar los diferenciales gubernamentales y frenar la inversión privada, lo que presionaría la asequibilidad de la deuda y las perspectivas de crecimiento para 2025 en adelante”, indicó Moody’s en un análisis.
La agencia señaló que las implicaciones crediticias de los cambios podrían ser significativas para la calidad crediticia soberana de México, más moderadas para las empresas financieras y no financieras calificadas, así como para las compañías eléctricas y de infraestructura, y relativamente bajas para los bancos.
“La reforma judicial podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutiría en otros aspectos clave de la calidad crediticia de México, como su fortaleza económica y fiscal”, mencionó.