La ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negar el amparo a la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), que impugnó cinco artículos de la Ley de la Guardia Nacional.
En la sentencia Ortiz Alhf declaró infundados los argumentos de la asociación civil, porque considera que la “seguridad pública es una función del Estado que se ejerce a través de la Federación, las entidades federativas y los municipios”.
“La colaboración y coordinación regulada en los preceptos reclamados, no implica la pérdida de atribuciones por parte de las entidades federativas ni Municipios, sino una armonía organizada de sus facultades, con el objeto fundamental de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”, sentenció la juzgadora.
La organización solicitó que se declaren como inconstitucionales los artículos 88, 89, 90, 91 y 92 de dicha Ley, bajo el argumento de que invaden las competencias de los estados y municipios, y los subordina al Poder Ejecutivo Federal.
Los artículos impugnados facultan a la Guardia Nacional para participar junto a autoridades municipales y federales en la realización de operaciones coordinadas.
La ministra consideró que la severación de MUCD es “inexacta”, en el sentido de que la centralización de facultades conlleva a la militarización del país y con ello se vulnera el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
“En primer lugar, no existe tal concentración de poder en el ámbito de seguridad pública a cargo de las autoridades federales, precisamente derivado del sistema de coordinación y facultades concurrentes, Menos aún, los elementos de la Guardia Nacional actúan bajo el imperio de elementos castrenses, sino, como lo que es, una policía de carácter civil”.
Con concluyó que "con independencia de lo anterior, el posible exceso en las facultades de la Guardia Nacional, a través del secretario de Seguridad Ciudadana, del Titular del Poder Ejecutivo Estatal o del Municipal, sería imputable en el ámbito de aplicación de las normas impugnadas que prevén el sistema de coordinación y colaboración aludido.