De nueva cuenta, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, a pesar de las diversas polémicas que ha protagonizado y que evidenciarían posibles malos manejos al frente de la FGR. pues incluso el propio AMLO ha señalado que hace falta "celeridad" en la judicialización de diversos casos.
Entre los más polémicos están casos de exfuncionarios de gobierno relacionados con corrupción.
Y es que desde hace tres años existen acusaciones contra Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), a quien se le vincula al caso Odebrecht; Rosario Robles, exsecretaria de Desarroilo Social, vinculada con la Estafa Maestra; además de la falta de sanciones contra los responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotizinapa.
A estos hechos se le suma el retraso en las investigaciones por el espionaje a periodistas y personas defensoras de derechos humanos instaurado desde el gobierno de Enrique Peña Nieto con el software Pegasus.
1-FALTA DE TRANSPARENCIA EN EL CASO ODEBRECHT
Uno de los más grandes pendientes de la FGR, es el caso Odebrecht, ya que desde diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora brasileña pagó sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de 12 países de América Latina y África para obtener beneficios en contrataciones públicas.
Sin embargo, en México ningún político ha sido condenado; solo el exdirector de Pemex y el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, quienes están detenidos por su presunta relación en la trama de corrupción.
Lozoya Austin se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2021, en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, menos de un mes después de que la periodista Lourdes Mendoza publicara una fotografía del empresario cenando en un restaurante de lujo de la capital.
La FGR lo acusa de haber recibido al menos 10.5 millones de dólares de Odebrecht durante la campaña y la Presidencia de Enrique Peña Nieto.
No obstante, la opacidad en la caso ha sido duramente criticada, ya que se acusa de que la FGR no haya transparentado el estatus de las investigaciones contra otros políticos que también se habrían beneficiado de los sobornos millonarios.
En agosto de 2020 fue filtrada a medios de comunicación la denuncia que el exdirector de Pemex presentó ante la FGR y en la que mencionó a 70 políticos presuntamente involucrados con el caso Odebrecht, entre ellos el expresidente Peña Nieto y el excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya.
Sin embargo, solo el exlegislador Lavalle Maury está vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho por presuntamente recibir sobornos de Emilio Lozoya para aprobar la Reforma Energética en 2013.
Además, existe una investigación abierta contra Ricardo Anaya por presuntamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos para aprobar la misma legislación. El excandidato panista tendrá que comparecer de manera presencial en México en una audiencia programada para el 31 de enero por las acusaciones de cohecho, lavado de dinero y asociación delictuosa que la FGR mantiene en su contra.
El exfuncionario se fue a Estados Unidos luego de conocer las acusaciones, y en noviembre de 2021 dijo en entrevista a The Wall Street Journal que el Presidente López Obrador, contra quien perdió en las elecciones de 2018, lo está “procesando por cargos inventados”.
La FGR también solicitó que Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex en el Gobierno de Peña Nieto, compareciera por delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita por la denuncia de Emilio Lozoya donde lo acusó de participar en los sobornos recibidos por el contrato de la planta de Etileno XXI, suscrita a Braskem, la filial de Odebrecht
El exsubsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda no compareció en la audiencia programada para septiembre, por lo que un Juez ordenó detenerlo al considerar que se sustrajo “de la acción de la justicia”.
Desde noviembre la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para buscarlo en 194 países.
2-ROSARIO ROBLES
A la FGR también se le ha cuestionado por el proceso que sigue contra Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, quien se encuentra en prisión preventiva desde agosto de 2019 luego de que la Fiscalía argumentó que existe un riesgo latente de que la exfuncionaria se escape.
El 30 de diciembre, el juez Ganther Alejandro Villar Ceballos confirmó la prisión sin condena para la exfuncionaria pues concluyó que sólo esta medida garantiza que no eludirá la justicia. El juzgador argumentó que aunque Rosario Robles acudió de forma voluntaria a declarar hubo contradicciones entre lo que ella y sus abogados expusieron al inicio del proceso penal.
Robles es acusada por uso indebido del servicio público porque habría permitido la subcontratación de servicios por parte de universidades públicas para desviar recursos, ella es la única exfuncionaria de alto rango detenida por este caso
“Es una profunda injusticia, una persecución que no ha tenido una mínima consideración, sigo siendo la única funcionaria de alto nivel que está en prisión por este caso”, dijo la también extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante la audiencia del 30 de diciembre, después de que el Juez determinó que deberá seguir detenida.
Hasta la fecha, Rosario niega el esquema de desvíos de recursos conocido como la “Estafa Maestra”, incluso en audiencia ha insistido que “no existió tal triangulación a las universidades”.
Cabe recordar que en junio de este año, un juez federal dio un plazo de tres días al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para que acate la sentencia que le ordena no realizar manifestaciones o juicios de valor contra Robles Berlanga.
Lo anterior, luego de que el 12 de agosto de 2020, Gertz Manero declaró durante el Seminario sobre Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México (Colmex), que la exsecretaria permanecía en prisión porque "no había cooperado como Emilio Lozoya Austin", quien hizo una oferta para denunciar delitos que han afectado al Estado.
Por este hecho, el juez determinó que la “abstención de resguardar la información” relativa a Rosario Robles contenida en la indagatoria, “y su filtración a través de su difusión, es violatoria del derecho fundamental de presunción de inocencia”.
3-EXTRADICIONES
El organismo encabezado por Gertz Manero también tiene pendiente concretar las extradiciones de dos exfuncionarios para que continúen sus procesos penales en México.
Uno de ellos es la del general Eduardo León Trauwitz, quien fue responsable de seguridad de Petróleos Mexicanos, la Fiscalía informó el 23 de diciembre que un Juez de Canadá negó otorgar la libertad bajo fianza al exfuncionario, por lo que continuará el proceso de extradición, que inició en noviembre de 2019. Fue detenido en 2019 en ese país.
León Trauwitz está acusado por el robo de combustibles, mejor conocido como huachicol, cuando encabezaba la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex, área que se encargaba de evitar dicho delito; antes se desempeñó como Jefe de Seguridad cuando el priista Peña Nieto gobernó el Estado de México.
Asimismo, está pendiente la extradición desde Israel de Tomás Zerón De Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). El pasado 10 de diciembre el presidente López Obrador aseguró que obtuvo una respuesta positiva del Gobierno de dicho país para colaborar con México.
Desde abril de 2021 la FGR anunció que tiene una orden de aprehensión contra el exfuncionario por el delito de tortura a personas detenidas por el caso Ayotzinapa.
A pesar de que en 2020, Alejandro Gertz Manero aseguró que ya “se acabó la verdad histórica” que ofreció en 2014 la entonces PGR sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, todavía quedan temas por cluncluir.
Además del retraso en la detención de Zerón de Lucio, la labor de la FGR en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero, la Fiscalía ha sido criticada porque aún no hay sanciones contra las autoridades responsables de los hechos registrados en septiembre de 2014.
Por su parte, Vidulfo Rosales, abogado de los padres de las víctimas, denunció en una entrevista para SinEmbargo que el Fiscal Alejandro Gertz Manero no avanza porque está rodeado de personajes de la extinta Procuraduría General de la República.
"(La Sedena) es una institución que está representando un obstáculo y la otra institución que representa un obstáculo es la Fiscalía General de la República. Y dentro esta Fiscalía hay elementos enquistados de la anterior PGR que participaron en la construcción de la ‘verdad histórica’”, subrayó.
Desde la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso y una Unidad Especial dentro de la FGR, en 2019, se han ejecutado 49 de 89 órdenes de aprehensión contra servidores públicos de Guerrero y de la PGR, así como contra policías federales y ministeriales.
Además, en distintas labores de búsqueda fueron identificados los restos óseos de los normalistas Alexander Mora Venancio, Christian Rodríguez Telumbre y Jhosivani Guerrero de la Cruz.
5-PEGAUSUS
Otro caso que se encuentra sin resolver es el del espionaje a periodistas, personas defensoras de derechos humanos, disidentes políticos y cercanos a través de Pegasus, ya que en julio del 2021, la FGR reconoció que solo ha identificado un “caso judicializable” por el uso del software que, de acuerdo con un reportaje de Proceso, fue adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde 2011, con el gobierno de Felipe Calderón, pero que afectó a personajes importantes durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía admitió que todavía no sabe quién o quiénes fueron los responsables del espionaje, pues no ha localizado los contratos suscritos entre la empresa israelí NSO Group, que es la creadora del software, y las entidades del Gobierno.
Tras este hecho, el organismo se vio obligada a revelar esta información luego de que la revista Proceso y el sitio Aristegui Noticias, ambos medios en la lista de objetivos de Pegasus, revelaron que el espionaje habría sido mayor al conocido en 2017 ya que abarcó a más de 15 mil personas.
Las organizaciones Artículo 19, la R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y SocialTIC llamaron a la FGR a rediseñar junto con las personas afectadas un plan de investigación serio, exhaustivo e integral.
“La Fiscalía no ha realizado una investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los responsables ante la justicia”, advirtieron las agrupaciones en un comunicado publicado en julio del año pasado.