Porque estas decisiones cambiaron el rumbo de la política en el país
Durante los últimos 19 años, México ha sido testigo de varias estrategias gubernamentales o planes de gobierno que han levantado polémica en distintos sectores de la sociedad.
Desde el intento de construir un aeropuerto, hasta un plan para evitar el robo de combustible, pasando por varias reformas constitucionales, son los temas que han puesto en jaque a los gobiernos mexicanos.
A continuación te dejamos las estrategias implementadas por Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox que han polarizado al país.
PLAN ANTIHUACHICOL
Empezamos con el caso más reciente. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha tomado como bandera el combate a la corrupción y la impunidad, entre sus estrategias para lograrlo fue implementar un nuevo plan para la distribución de gasolina y diésel en todo el país con la finalidad de terminar con el robo de estos combustibles.
El plan de López Obrador, implementado en diciembre de 2018, dejó como saldo el desabasto de gasolina en algunos estados del país como Michoacán, Jalisco, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y la Ciudad de México. Esto provocó molestia en los usuarios quienes, incluso, terminaron realizando compras de pánico.
Sin embargo, una explosión en un ducto de Pemex en Tlahuelilpan, Hidalgo, que ha dejado al menos 85 muertos ha sido el momento más álgido de esta polémica estrategia. Aunque todavía no hay certeza sobre la verdadera causa de la explosión, algunos ciudadanos, activistas y partidos culpan al gobierno federal, mientras otros señalan a los huachicoleros.
Pero desde el inicio de este plan han llegado las criticas hacia el gobierno de AMLO. Por ejemplo, Gonzálo Monroy, director de la Consultoría GMEC, cree que la estrategia de cuidar pipas y ductos con militares y marinos no es suficiente porque se necesitan muchos elementos humanos.
"Si la intervención militar es la estrategia, no tenemos suficientes marinos, soldados ni policías para defender o monitorear 24 horas los cerca de 9 mil kilómetros que tenemos de poliductos y van a pasar a los trenes, a los tanques, a los buques por mar. No va a faltar mucho tiempo para que empiece a intervenir el crimen organizado", explicó a CNN.
Para el analista político Fernando Dworak, Pemex ha respondido de manera tardía a la crisis del combustible. Además, aseguró que es una medida con una visión de corto plazo y eso impedirá que se termine con el huachicoleo.
Los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox han sido algunos de los políticos que más han criticado la estrategia. Por ejemplo, Calderón aseguró que su gobierno combatió de otra manera el robo de combustible.
Incluso, quien fuera presidente de México de 2006 a 2012 aseguró que AMLO se contradecía. En tanto, Vicente Fox dijo que AMLO está llevando a distintas ciudadades al caos.
Mario Delgado, líder de los diputados de Morena, aseguró que es normal tener estas reacciones porque se cambió por completo el modelo y se tocan intereses de diversa índole.
¿Y qué dicen los ciudadanos?
De acuerdo con una encuesta realizada por El Financiero, el 89% de los consultados a nivel nacional apoya el combate contra el robo de combustibles, proporción que sube ligeramente, a 92%, en la Ciudad de México. Por el contrario, el 11% está en desacuerdo a nivel nacional, y 8% en la capital del país.
De hecho, aunque el desabasto de gasolina está afectando más a quienes tienen auto, eso no impide que los automovilistas expresen el mismo nivel de paciencia que los no conductores ante la actual contingencia del combustible.
Además, 57% de los automovilistas está de acuerdo con el cierre de ductos, aunque haya desabasto de gasolina, mientras que el 74% de quienes no tienen automóvil opinan lo mismo.
López Obrador pidió paciencia a los ciudadanos, también que ayuden a combatir el huachicoleo no comprando gasolina si no es necesario y denunciando este delito.
REFORMAS ESTRUCTURALES
El sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) estuvo marcado por 11 reformas estructurales; sin embargo, las que le causaron más dolores de cabeza fueron la educativa, la energética y la hacendaria.
La promulgación de la reforma educativa en 2013 provocó protestas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el ala disidente del magisterio, pues los maestros argumentron que la nueva legislación atentaba contra sus derechos laborales.
Las protestas de la CNTE se salieron de control, bloquearon carreteras y hasta llegaron a la capital del país, donde se plantaron en el zócalo de la Ciudad de México durante 5 meses.
El plantón de la CNTE fue desalojado por elementos de la policía federal y granderos, lo que provocó un enfrentamiento entre maestros y autoridades
Elba Esther Gordillo, quien fuera líder del Sindicato Nacional de Trabajadores, también se opuso a la reforma educativa y acusó al gobierno de Enrique Peña Nieto de perseguirla políticamente por estar en contra.
La reforma educativa también fue mal vista por AMLO. De hecho, durante el periodo de transición, le dijo a Peña Nieto que cancelaría dicha ley.
Otra reforma que metió en problemas a Peña Nieto fue la energética, con la cual se permite la participación de capital privado en la exploración y extración de energéticos. Esta legislación, que fue aprobada en diciembre de 2013, provocó grandes manifestaciones.
De hecho, las protestas se hicieron presentes desde que Peña envió la iniciativa de ley. Una de estas manifestaciones fue convocada por el PRD y fue encabezada por su entonces líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas.
Aunque en un principio López Obrador dijo que gracias a la reforma energética, el negocio de la compra de gasolina en el extranjero se lo quedarán tres empresas particulares y que esa situación encarece el precio del combustible, ahora como presidente ha dicho que no echará atrás dicha legislación, pero que sí se revisarán los contratos para ver en dónde hay fallas.
También, durante el sexenio de Peña, se aprobó la reforma fiscal y entre los puntos más polémicos fue homologar el IVA de 16% en la frontera, gravar con un impuesto especial la comida de mascotas y aumentar los impuestos en las bebidas azucaradas y alimentos chatarra.
En este caso, el ahora presidente López Obrador implementó un programa en la frontera norte del país para disminuir el IVA y el ISR, además de homologar el precio de la gasolina con el de los estados fronterizos de EU.
GUERRA CONTRA EL NARCO
En 2006, Felipe Calderón asumió la Presidencia del país y lanzó lo que se conoce como la guerra contra el narcotráfico en México.
Desde entonces, los grupos de la delincuencia organizada mexicana han, literalmente, peleado a muerte contra sus rivales y contra las autoridades para controlar las rutas del tráfico ilegal de drogas hacia Estado Unidos, uno de los mayores consumidores mundiales de estupefacientes.
El Operativo Conjunto Michoacán fue la punta de lanza de la estrategia de seguridad de su gobierno: desplegar efectivos militares para combatir a los cárteles del narcotráfico.
Las críticas hacia la estrategia no se hicieron esperar.
Alejandro Madrazo, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), aseguró que la estrategia del expanista ha sido una de las más letales, pues en múltiples combates la única cifra disponible era la cantidad de muertos que dejaban los enfrentamientos.
El entonces presidente aseguró que no había otra solución, pues de lo contrario era "hacerse de la vista gorda y meter a México en un papel de subordinación con los criminales"; sin embargo, el exmandatario aseguró que su estrategia sí afectaba a la imagen del país, pero que era peor no hacer nada.
Durante el sexenio de Felipe Calderón, la tasa de homicidios dolosos en México llegó a 17.7 casos por cada 100 mil habitantes, casi duplicando la registrada en el gobierno de su antecesor, Vicente Fox, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Y aunque no es posible atribuir que todos esos homicidios estuvieron directamente relacionados con el combate contra la delincuencia organizada, hay que señalar que, de acuerdo con el Inegi, hasta antes de que se iniciara la guerra contra el narcotráfico, el país registraba una tendencia a la baja en cuanto a homicidios desde, por lo menos, 1995.
Algunos de los casos que más conmocionaron a Mexico durante el sexenio de Calderón fueron: los 72 cuerpos de migrantes centroamericanos encontrados en San Fernando, Tamaulipas, y que según las autoridades fueron asesinados por Los Zetas; el atentado con granadas en Morelia, Michoacán, durante la celebración de las fiestas patrias; y el incendio del casino Royale, ubicado en Monterrey, Nuevo León.
Otra característica de la lucha antinarco fue la detención de los líderes o lugartenientes de los cárteles, entre ellos Édgar Valdez Villareal, mejor conocido como la Barbie, Alfredo Beltrán Leyva, alias el Mochomo, que pertenecía al Cártel de Sinaloa; Vicente Zambada Niebla, hijo de El Mayo Zambada; además del asesinato de Arturo Beltrán Leyva.
El hecho de que los militares estén en las calles realizando tareas de seguridad pública ha sido criticado por diversas organizaciones civiles en los últimos años. Por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto se aprobó la Ley de Seguridad Interior, la cual facultaba al Ejército realizar tareas de seguridad pública.
Y aunque el colectivo Seguridad Sin Guerra logró que la Suprema Corte de Justicia declarara esta ley anticonstitucional, nuevamente están en la pelea por el mismo asunto. ¿Por qué? Resulta que con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder, el tema fue retomado, pero esta vez con la creación de la Guardia Nacional.
Ixchel Cisneros, integrante de Seguridad Sin Guerra, explicó a Nación321 que la medida implementada por AMLO no es la correcta porque permitirá la militarización del país y no resolverá la ola de violencia que existe desde hace 12 años.
CASO ATENCO
En 2001, Vicente Fox hizo el anuncio de lo que sería su obra cumbre: la construcción de un nuevo aeropuerto ubicado en el municipio de Atenco, Estado de México.
En 2002, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) se opuso a la construcción de la obra en los terrenos de San Salvador Atenco y Texcoco que serían expropiados.
Los pobladores denunciaron que el precio que pretendía pagar el gobierno federal era muy bajo, 7.20 pesos por cada metro cuadrado de temporal y 25 pesos en las tierras de riego.
En agosto de 2002 y luego de enfrentamientos previos, manifestaciones y bloqueos, el gobierno canceló el proyecto y el Frente de Pueblos cobró fuerza por la defensa de los predios.
Pero el asunto no quedó ahí. En 2006, un grupo de floricultores, aliados y simpatizantes del Frente de Pueblos fue reubicado por las autoridades municipales de Texcoco días antes de la fiesta conocida como de la Santa Cruz.
Ante eso, los floricultores se reunieron con autoridades municipales y estatales para llegar a un acuerdo y con ello se les permitiera instalarse para vender sus productos en la vía pública, ya que en aquel entonces existía un operativo de prohibición contra el comercio informal.
Sin embargo, al día siguiente, los comerciantes intentaron instalarse y fueron desalojados por las fuerzas de seguridad, lo que derivó en un conflicto donde estuvieron involucrados la policía municipal, los vendedores y vecinos de Texcoco y Atenco.
En el operativo policial se cometieron graves violaciones de derechos humanos. Más de 200 manifestantes fueron detenidos, entre ellos 47 mujeres, de las cuales 11 declararon haber sufrido abuso sexual, por lo cual el Estado mexicano está acusado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por tortura.