Porque no todos los funcionarios han tomado bien los recortes salariales y presupuestales
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha implementado la "austeridad republicana", la cual, entre otras cosas, se ha traducido en recortes a los salarios de los funcionarios y a los presupuestos de algunas dependencias públicas.
Sin embargo, alguna de estas instituciones se han 'rebelado' ante el gobierno federal, aquí te contamos las razones.
INEGI
El más reciente de los casos es el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) debido a que solo recibirá 12 mil millones de los 17 mil millones de pesos que solicitó para 2019.
Por los recortes, el instituto afirmó que no podrá realizar 14 de las encuestas que tenía programadas para este año, entre las que se incluyen la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil y la Encuesta Nacional de los Hogares.
Ante esta situación el presidente del INEGI, Julio Santaella Castell, no descartó interponer una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Además, señaló que el ajuste de presupuesto también se vio reflejado en las prestaciones y los salarios del personal de la institución y detalló que 8 mil 581 trabajadores ya no contarán con Seguro de Separación Individualizado (SSI) y que a otros 12 mil 41 trabajadores se les canceló el seguro de gastos médicos mayores.
Julio Santaella Castell consideró que aunque ese tipo de decisiones parecen "razonables en el corto plazo", en el largo plazo pueden ser consideradas relativamente "miopes" y, dijo, podría traducirse en rotación de trabajadores y finalmente terminar trabajando con los menos competentes.
"Por lo tanto, el servicio público puede tener problemas de incompetencia y la experiencia nos dice que también generamos incentivos para la corrupción"
«Julio Santaella»
INE
El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó el pasado 23 de enero una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, en el cual se le recortaron 950 millones de pesos, pues consideró que esa reducción vulnera su autonomía y le impide la participación en los comicios que se realizarán en cinco entidades.
“La drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades”, señaló.
Además, consideró que también tendrá un impacto en la expedición de credenciales para votar, en la fiscalización de recursos de los partidos políticos y el monitoreo de radio y televisión.
“El INE considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria que, sin justificación, motivación ni fundamentación alguna, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del presupuesto público general, impida al INE el ejercicio de sus funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal”, aseveró.
Sin embargo, a través de Twitter, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, explicó que la controversia constitucional no es un "desafío a nadie".
IFT
Un caso ya resuelto, al menos de forma momentánea, es el del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el cual interpuso una controversia constitucional para impugnar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, tanto por el recorte presupuestal como por la reducción a los salarios de los funcionarios.
"Con este recurso legal, el IFT busca garantizar el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias, su autonomía presupuestal en los términos establecidos en el artículo 28 de la Constitución y contar con los recursos mínimos que le permitan su operación, utilizando los mecanismos previstos por nuestra Constitución y con pleno respeto a las facultades de los demás Órganos y Poderes de la Unión”, indicó la institución a través de un comunicado", señaló el Instituto.
Sin embargo, la SCJN rechazó su solicitud para suspender las disposiciones que prohibían fijar sueldos superiores al de AMLO, pues consideró que debido a que el presupuesto ya entró en vigor no pueden darse efectos restitutorios.
Aunque aceptó su petición, es decir su solicitud será discutida pero mientras el pleno resuelve su situación, no podrán ganar más que el presidente.