Porque el exgobernador podría quedar libre
La prueba “reina” de la PGR contra Javier Duarte es la declaración de dos excolaboradores que dijeron que el exgobernador de Veracruz ordenó desviar recursos del erario y con éste adquirir propiedades a través de empresas fachada.
Sin embargo, la dependencia federal no ha exhibido ante los jueces ninguna otra prueba documental o de investigación que ligue al exmandatario con los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
En la audiencia del lunes, realizada en el Reclusorio Norte de la capial, lo más que pudieron hacer los fiscales de la PGR fue advertir de la existencia de un documento firmado por Adrián Viccón Basto, actual tesorero de la Secretaría de Finanzas del Gobierno de Veracruz, que reveló la presunta forma de actuar de la red de Javier Duarte.
(Foto: PGR)
Según el documento, el gobierno de Duarte abrió en el banco Santander la cuenta bancaria 6150424177-8, a nombre de la Secretaría de Educación de Veracruz, y en la cual se depositaron 380 millones de pesos.
El escrito advierte que dichos recursos, que no se reflejaron en la contabilidad del estado de Veracruz, fueron dispersados con posterioridad a varias empresas que, según la PGR, se usaron para el blanqueo del dinero sustraído del erario.
Sin embargo, los fiscales de la PGR que sostuvieron la acusación contra Duarte ante el Juez Federal Especializado en Sistema Penal Acusatorio solo pudieron explicar el presunto desvío de 38.5 millones de pesos
(Foto: Cuartoscuro)
Dichos recursos se depositaron a la empresa Solaris Tecnologi y de ahí a dos empresas que, a su vez, los transfirieron a Terra Urbanizaciones y Consorcio Braden, empresas usadas para adquirir propiedades que la PGR liga con el exgobernador e Veracruz.
No obstante, ni en las actas constitutivas de las empresas ni en los documentos de compraventa de las propiedades aparece por ningún lado el nombre de Javier Duarte de Ochoa, según lo dicho por los propios fiscales de la PGR.