Porque es la primera ocasión en que la autoridad realiza este acto
La Procuraduría General de la República se disculpó públicamente con tres mujeres indígenas a quienes encarceló en 2006 por supuestamente secuestrar a seis agentes federales en Querétaro.
El procurador general de la República, Raúl Cervantes, reconoció que ningún acto público podrá reparar el daño causado a las mujeres encarceladas injustamente y que este acto era, más que una obligación jurídica, una deuda constitucional y un acto de justicia y humanidad.
"Resulta un deber ineludible en términos constitucionales que en mi calidad de titular de la PGR, ofrezca una disculpa pública a ustedes Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio; reconozco públicamente su inocencia respecto a los delitos que se les atribuyeron y que de manera injusta provocó que se les privarán de su libertad", comentó Cervantes.
El procurador asumió el reto y el compromiso de cumplir con las sentencias con las que concluyeron los tres casos de injusticia que duraron 11 años.
"NOS CHINGAMOS AL ESTADO"
Estela Hernández Jiménez, hija de Jacinta Francisco Marcial, dijo que nunca será suficiente la disculpa pública por el daño hecho a su madre y a las otras dos víctimas.
"Reprobamos que miles de personas pobres sean encarceladas injustamente en México por el actuar de funcionarios corruptos, ineptos y cobardes que se venden para doblar la ley. A quienes se preocupan por el monto de la reparación del daño, les digo: no se preocupen, no nacimos con él y no lo necesitamos. Destinaremos el dinero a donde tiene que llegar.
"A todas las instituciones gubernamentales, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que dos años estuvieron callados a pesar de saber del caso y de decirnos que no se podía hacer nada porque era un delito muy grave, y otras tantas instituciones de apoyo social a las que fuimos a ver y no nos atendieron, pónganse a trabajar de verdad, no solo den recomendaciones. Les pido que no sean títeres ni solo sirvan para acarrear a un gobernador, que hoy es lo que hacen. A las víctimas actuales, a mis hermanos luchadores sociales y maestros que estamos en pie de lucha, a los caídos, desaparecidos, encarcelados, aterrorizados, quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor y vencimos el dolor para que la victoria fuera nuestra, hoy como dijo una compañera reprimida en Querétaro, maestra Rosa María, hoy nos chingamos al Estado", afirmó Estela Hernández.
¿CÓMO OCURRIÓ TODO?
En marzo de 2006, en el tianguis Santiago Mexquititlán, Querétaro, seis agentes vestidos de civil de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) despojaron a los comerciantes de su mercancía alegando que se trataba de piratería. Los afectados les solicitaron sus identificaciones y una orden judicial, por lo cual el Ministerio Público de Federación tuvo que ir al pueblo a dialogar con los comerciantes. El mismo día, luego de acordar pagar los daños, todos los elementos salieron de la comunidad.
En agosto del mismo año, las indígenas fueron condenadas a 21 años de prisión por el delito de secuestro de seis agentes que realizaban un operativo, pero en el mercado de Amealco, Querétaro.
En febrero de 2009, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez inició la defensa legal de las mujeres y en julio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió una recomendación a la PGR por considerar que fueron violados los derechos de las tres indígenas, al grado de decir que la autoridad fabricó testimonios para el caso. Ese mismo año fueron liberadas.