Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su plan atiinflacionario para apoyar la economía de las familias mexicanas y contrarrestar los efectos de la crisis económica provocada por la pandemia de COVID-19 y del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.
Sin embargo, la idea de establecer precios máximos para mejorar la capacidad de compra de la ciudadanía no es algo nuevo, pues en gobiernos como el de Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari también hubo este tipo de estrategias.
¿Cuáles son y en qué consistían? Te explicamos.
PAQUETE CONTRA LA INFLACIÓN Y LA CARESTÍA
Después de que la inflación llegó a 7.72 por ciento a tasa anual durante la primera quincena de abril de 2022, su nivel más alto en 21 años, el Gobierno Federal dio a conocer un plan para garantizar “precios justos”.
López Obrador dijo que no se trata de un 'control de precios', más bien, se trata de fijar 'precios de garantía' en al menos 24 productos de la canasta básica como maíz, frijol, arroz y leche.
Las medidas de la estrategia contra la inflación son:
Además, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que se establecerá una canasta básica en coordinación con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) con 24 productos, los cuales representan 46 por ciento de la inflación en los precios de alimentos.
En este plan participan representantes de la iniciativa privada y grandes productores de alimentos del país.
PACTO POR MÉXICO
El 2 de diciembre de 2012, al inicio de la administración de Enrique Peña Nieto se firmó, en el Castillo de Chapultepec, el “Pacto por México”. Se trata de un documento que contiene importantes acuerdos sobre cinco temas para impulsar el crecimiento económico y el desarrollo social del país:
En el tema económico, este plan contaba con varios puntos:
Durante el mandato del expresidente Enrique Peña Nieto, se observó una inflación acumulada de 27.9 por ciento, lo que representó su nivel más bajo en los últimos 8 sexenios, de acuerdo con información del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
ALIANZA PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
Ernesto Zedillo Ponce de León tomó posesión del cargo de presidente de México el 1 de diciembre de 1994, luego de que Carlos Salinas concluyera su mandato y dejara el país en una grave situación económica.
Zedillo Ponce de Léon se enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México, que comenzó pocas semanas después de asumir el cargo.
Tuvo repercusiones internacionales que fueron conocidas como "El Efecto Tequila".
"Error de diciembre"
El 20 de diciembre de 1994 los mexicanos despertaron con una serie de malas noticias: la falta de reservas internacionales, la devaluación del peso mexicano, una fuerte fuga de capitales, falta de liquidez y un aumento de la deuda del país.
Para ese año, el precio del dólar incrementó cerca del 114 por ciento, es decir, pasó de 3.40 a 8.70 pesos entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, el punto más álgido de la crisis.
Todo esto causó de forma inmediata quiebras de miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos para pagar sus deudas.
El término “error de diciembre” fue acuñado por el entonces expresidente Carlos Salinas de Gortari, quien atribuyó esa crisis a una serie de decisiones de la administración de su sucesor, Ernesto Zedillo.
En enero de 1995, la administración tuvo una encerrona de 15 horas, en las que negoció el nuevo pacto económico de todos los sectores de la producción, gubernamental, empresarial y laboral.
Días después, Zedillo arrancó el Programa de Emergencia Económica e impuso más impuestos a los contribuyentes y consumidores.
En este sentido, se definió un acuerdo preliminar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para solicitar prestamos para México.
Además, el expresidente decidió rescatar a los bancos y grandes empresarios convirtiendo su deuda privada en pública en lo que se conoció como: Fondo de Protección al ahorro (Fobaproa).
Zedillo también solicitó dos préstamos a Estados Unidos por un total de 20 mil millones de dólares, logrando que el resto de su ciclo presidencial tuviera una recuperación en los empleos y una estabiliidad en la administración de la economía, aunque implicó un aumento de la deuda externa.
En octubre de 1995, el Gobierno Federal y los sectores laboral y empresarial acordaron la Alianza de Recuperación Económica con los siguientes objetivos:
PACTO PARA LA ESTABILIDAD Y EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
En 1989, Carlos Salinas de Gortari, quien tomó posesión de la Presidencia de la República, reforzó el proyecto de Miguel de la Madrid con la firma del Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE), el cual logró detener la inflación y mantener un crecimiento económico moderado.
No obstante, este plan trajo consecuencias poco favorables para la economía del país, como el deterioro de la capacidad productiva local, la pérdida del valor real de los salarios, y un mayor desempleo.
El productor de igual manera se comprometía a mantener las cotizaciones de sus bienes y servicios, mientras que los comerciantes no incrementarían los precios a los consumidores y los trabajadores no demandarían más incrementos salariales.
Sin embargo, este plan se rompió con el siguiente ciclo: "el incremento salarial provoca mayores gastos a la empresa que aumenta precios al comerciante y que a su vez eleva las cotizaciones a los consumidores, que necesitaban ganar más para comprar lo mismo".
Según el texto México: Modernización financiera integral en la condicionalidad de las políticas de ajuste estructura, de Irma Manrique Campos, especialista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, el Pacto de Solidaridad Económica no alcanzó los objetivos deseados y trajo las siguientes consecuencias:
El texto concluye que esto llevó a más privatizaciones y a la profundización del proceso de desregulación de la economía, así como a una mayor apertura comercial y financiera del país.
PACTO DE SOLIDARIDAD ECONÓMICA
El Pacto de Solidaridad Económica (PSE) fue un acuerdo político-económico firmado el 15 de diciembre de 1987 por el entonces presidente de México, Miguel de la Madrid, en coordinación con el sector productivo del país, representado por Agustín Legorreta, cabeza de la fracción empresarial, y Fidel Velázquez, líder de la Confederación de Trabajadores de México, con el objetivo de detener el incremento de los intereses, la inflación y la devaluación del peso mexicano.
Sus objetivos eran:
Este pacto fue creado entre gobierno, productores, comerciantes y consumidores, en el cual, el gobierno se comprometía a no incrementar impuestos como el costo de luz, los combustibles, el agua y el teléfono que estaban a cargo del gobierno.