Porque los edificios tenían un año de haber sido construidos y provocaron la muerte de decenas de personas
El director general de Obras y Desarrollo Urbano de la delegación Benito Juárez, Nicias René Aridjis Vázquez –inhabilitado en 2011, durante la administración delegacional del panista Mario Alberto Palacios Acosta, por enriquecimiento ilícito- aprobó la habitabilidad de Residencial San José, uno de los varios edificios de menos de un año de antigüedad que se colapsó en la demarcación después del sismo del 19 de septiembre.
Hoy, la constructora del residencial de Emiliano Zapata Eje 7 sur 56, Canada Building Group, es acusada por parte del gobierno del delegado Christian Von Roehrich no solo de engaño y falsificación de documentos, sino por el uso de “materiales deficientes” en su edificación, además del homicidio de dos personas que fallecieron en el colapso de una de las torres del complejo habitacional la semana pasada.
Documentos oficiales obtenidos por El Financiero dan cuenta de que Aridjis Vázquez fue responsable de dar el visto bueno a la constructora. El funcionario, quien ha ocupado uno de los cargos más importantes de la delegación de manera intermitente desde 2009, autorizó su habitabilidad tras considerar que cumplía con todas las disposiciones legales, según consta en el oficio “Autorización Uso y Ocupación” FBJ 0273-16, fechado el 20 de mayo de 2016 en poder de este diario.
El edificio “da cumplimiento a todas y cada una de las disposiciones que se establecen en el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal”, se establece en el oficio, en cuyo calce figura el nombre y la firma de Aridjis Vázquez.
No es la primera vez que Aridjis Vázquez se encuentra en el centro de una polémica. En 2011, cuando fungía en el mismo cargo bajo la administración del delegado panista Mario Alberto Palacios, fue destituido a inhabilitado durante dos años por la Contraloría General del entonces gobierno del Distrito Federal por falsear información en su declaración patrimonial.
Según consta en el expediente CG DSP 474/308/2009, la contraloría general le encontró al funcionario “una riqueza notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera obtener como servidor público”. Entre otras propiedades que no reportó, se encontraban el crédito de una casa y la compra de dos vehículos.