El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer, este martes 25 de septiembre, una carta que envió a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos hace 10 años en Iguala, Guerrero.
Al asegurar que "hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes", AMLO rindió un breve informe de las acciones emprendidas en su gestión para dar con la verdad sobre lo ocurrido con los jóvenes entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
Esto dice la carta que les mandó:
Padres y Madres de los 43
Normalistas de Ayotzinapa
Presentes
Madres y Padres de los alumnos de la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014:
Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en este propósito durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México.
Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace diez años, castigar a los responsables y, sobre todo, encontrar a los jóvenes.
Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras.
Asimismo, le otorgué mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esa forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigael González Valencia, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de dos de los muchachos desaparecidos.
Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, no ha mostrado voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes de la organización Guerreros Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula y autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes.
Aquí conviene recordar que desde el principlo de estos lamentables hechos se cometieron, consciente o inconscientemente, una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de la sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes.
Recordemos que el gobierno anterior quiso dar carpetazo al asunto construyendo la llamada "verdad histórica", según la cual, los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por los integrantes de Guerreros Unidos, con la complicidad de policías y autaridades locales; esta versión fue sostenida por el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal. Dicha conclusión fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues, como fue probado por peritos en la materia, resultó completamente falsa.
Además de esta irresponsable actitud, por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos, e inclusive, con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, posibilitó la liberación de 65 de ellos; aunque algunos de los excarcelados habían efectivamente sido victimas de tortura, otros no, y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes.
También resulta necesario recordar, en este punto, que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del Ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el Fiscal Especial renunció y la mayoría de los miembros de la Comisión de la OEA se retiraron.
Esta señora, que maneja mucha información de la Administración de Control de Drogas (DEA), falsa o verdadera, según se la ordenan, participó como testigo en un tribunal de Estados Unidos para defender la solicitud de asilo del juez municipal, Ulises Bernabé, quien sostuvo que supuestamente esa noche los jóvenes nunca fueron llevados a la Comandancia de Iguala, cuando hay testimonios que aseguran lo contrario; es decir, que policías de Iguala los sacaron en patrullas de esas instalaciones hacia lugares desconocidos.
No obstante, esa declaración dolosa fue aceptada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cual gestionó el asilo a dicha persona; a la irresponsable aceptación como verídicos de los testimonios de Ulises Bernabé y de Anabel Hernández de que el Ejército Mexicano estuvo presente durante los ataques y desaparición de los estudiantes, se sumó la siguiente aseveración textual de esa autoridad estadounidense: «resulta inverosímil que un departamento de policía municipal tenga la influencia política y los recursos necesarios para organizar un intrincado encubrimiento y la desaparición de 43 estudiantes mexicanos. Es mucho más plausible que el gobierno federal mexicano y la Policía Federal fueran los responsables de este horrible incidente». (Sentencia de la Corte de Inmigración del Departamento de Justicia de Arizona, Estados Unidos).
Es importante aclarar que aun cuando no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes, hemos actuado en contra de los militares que pudieron haber cometido los delitos de vinculación con la delincuencia organizada, o de omisión al no haber actuado para evitar los actos de violencia en contra de los jóvenes.
Cabe señalar que en toda la investigación realizada hemos contado con el apoyo de las Fuerzas Armadas, cuyos mandos y oficiales han coincidido conmigo en que la violación de derechos humanos y la impunidad no pueden tolerarse en ninguna circunstancia, porque, entre otras razones, los actos ilegales cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas no pueden manchar el prestigio de una institución creada para la defensa nacional, que debe ser un baluarte del Estado democrático, justo, libre y soberano de nuestra República.
En consecuencia, por la presunta participación en la desaparición de los jóvenes se han procesado 151 personas, de las cuales 134 son civiles, 16 militares, incluidos dos generales y 1 elemento de la marina, asimismo se encuentra pendiente de ejecutar tres órdenes de aprehensión más en contra de militares. Destaco que en nuestro sexenio el número de encarcelados se incrementó de 59 a 120 personas.
Con todo, lo más importante ha sido la búsqueda de los jóvenes, tarea a la que he dado mucha atención; por ejemplo, les informo que en los últimos dos años, prácticamente he tomado la coordinación de este lamentable suceso y una vez por semana me reúno con el Gabinete de Seguridad para estar pendiente de la investigación. Puntualmente les informo también que las secretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, Luisa María Alcalde Luján y Rosa Icela Rodríguez Velázquez y el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina Padilla, han estado dialogando en las cárceles con los Involucrados; hemos ofrecido recompensas, enviamos al Congreso una Ley de Amnistía -que fue aprobada- destinada principalmente a garantizar protección y apoyo a informantes; sin embargo, hasta ahora ha sido poco lo alcanzado, aunque existe el ofrecimiento de quienes ahora están detenidos de aportar, en un futuro cercano, información para encontrar a los estudiantes desaparecidos.
Añado que durante nuestro gobierno la búsqueda en campo ha sido permanente; hemos explorado en 858 sitios con la participación de 270 personas de las distintas instituciones y con el equipo tecnológico más apropiado. Les expreso que hasta el último momento de mi gobierno continuaremos buscando a los jóvenes. Y considero que este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrase nunca; es un expediente abierto y si nosotros no podemos esclarecerlo, deseo de todo corazón que lo logre la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, convicciones y partidaria de la justicia.
En el informe y los anexos que les hemos entregado viene una relatoría más detallada y datos que consideramos de interés para ustedes y para el pueblo de México.
Los abrazo.
Andrés Manuel López Obrador