Porque el monto de las irregularidades es similar al que se entrega al programa Prospera
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) halló irregularidades por 98 mil 102.9 millones de pesos en el Gasto Federalizado de 2016, ya que los estados, municipios y delegaciones de la Ciudad de México no contaron con documentación comprobatoria del gasto, no ejercieron los recursos, hicieron transferencias a otras cuentas bancarias o realizaron pagos improcedentes.
El monto de las irregularidades detectadas es similar al presupuesto total de 2017 del principal programa social del gobierno federal, Prospera, y es un monto que pudo haber absorbido el recorte por 70 mil millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó para 2017.
En su tercera entrega de auditorías de la Cuenta Pública 2016, indicó que el monto total observado en las auditorías realizadas al Gasto Federalizado en ese año ascendió a 98 mil 102.9 millones de pesos, del cual, el 69 por ciento correspondió al Gasto Federalizado programable y el 31 por ciento a las Participaciones Federales.
El Gasto Federalizado programable, es decir, las Aportaciones principalmente, es el monto que concentró la mayoría de las irregularidades a pesar de que son recursos que están etiquetados y que tienen un destino específico, por lo que se deben ejercer de acuerdo a las leyes, reglas de operación, lineamientos y normas aplicables.
Las principales irregularidades que halló la ASF derivadas de la fiscalización fueron la falta de documentación comprobatoria del gasto, por 26 mil 977.3 millones de pesos y el no ejercicio de recursos por 25 mil 356 millones de pesos.
Otras irregularidades fueron la falta de acreditación del pago a terceros en las participaciones federales con 8 mil 687.7 millones de pesos, transferencia de recursos a otras cuentas bancarias por 7 mil 689.6 millones de pesos y pagos improcedentes o en exceso por 2 mil 399.1 millones de pesos.
El monto total observado por la ASF en el Gasto Federalizado ocurrió principalmente en Veracruz, con 22.4 por ciento del total; Nuevo León, con 17.4 por ciento; Morelos, con 16.1 por ciento; Baja California Sur, con 15.6 por ciento y Tamaulipas, con 13.9 por ciento, principalmente.
En contraste, los estados con menos recursos en observación fueron Puebla, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí, con menos del 3 por ciento.
Es de mencionar que en los meses recientes, a raíz del caso de Chihuahua y los convenios firmados con la SHCP en diciembre pasado, el gasto federalizado y su ejercicio han sido cuestionados por la falta de transparencia en el uso de los recursos.
DEUDA DEBE BAJAR
La ASF consideró que “es prudente” que se implementen medidas para asegurar que el indicador del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), la medida más amplia de la deuda, mantenga una trayectoria “constante o decreciente en el mediano plazo como proporción del PIB”.
Esto coadyuvaría a la sostenibilidad de las finanzas públicas, matizó el órgano auditor.
Apuntó que la variación en el SHRFSP de un periodo a otro, debe ser igual que los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), más los movimientos contables que no derivan de transacciones, pero modifican el monto de las obligaciones.
Sin embargo, indicó que la información pública disponible de la SHCP no transparenta los componentes de esos movimientos contables.
“La ASF ha planteado, desde la revisión de la Cuenta Pública 2012, la importancia de publicar con la misma estructura metodológica y con detalle la totalidad de los elementos que generan la variación del SHRFSP, con el objeto de fortalecer este indicador básico para la planeación de las finanzas públicas y como un ancla fiscal de mediano plazo”, subrayó.
EDUCACIÓN
La ASF también encontró irregularidades en la entrega de recursos a universidades públicas por 586 millones 768 mil pesos.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2016, “se presume un probable daño o perjuicio de los recursos que la Secretaría de Educación Pública transfirió a las instituciones de educación superior con el fin de ser destinados a la operaciones del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, ya que no acreditó con los informes de avance trimestrales y con los estados de cuenta bancarios al 31 de diciembre de 2016, cuál es el monto que las 63 Instituciones han ejercido”.
Es decir, no se tiene forma de comprobar que fueron recibidos y falló en dar los estados de cuenta de los contratos de los fideicomisos.
Los recursos fueron entregados a universidades autónomas como las del Estado de México, Morelos, Campeche y Sinaloa que no dieron información y otras como la Universidad Autónoma de Guadalajara, Baja California, Puebla, San Luis Potosí y Colima que proporcionaron información incompleta.
El programa tiene como objetivo profesionalizar a los profesores de tiempo completo, para lo cual se les otorgan apoyos con el fin de que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecnológico e innovación, y con responsabilidad social; se articulen y consoliden en cuerpos académicos y con ello generen “una nueva comunidad académica capaz de transformar su entorno”.
Además la ASF encontró posibles desvíos de recursos por 280 millones de pesos que debían destinarse para útiles escolares.
De acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública, el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) contrató –por adjudicación directa– a la Universidad Autónoma del Estado de México para la adquisición de materiales educativos, pero ésta, a su vez, subcontrató a otra para llevar a cabo los trabajos.
Conafe contrató para la adquisición de útiles escolares, libros y diccionarios al Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica Tecnológica de la Universidad Autónoma del Estado de México y a Diconsa, aunque estas no tenían la capacidad técnica para realizar el trabajo.