En medio de las polémicas que se han dado en los últimos días, primero en contra de Lilly Téllez por apoyar a Ecuador y ahora entre la ministra Norma Piña y el exministro Arturo Zaldívar, por supuestas presiones en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para votar a favor o en contra de algunos casos que se estaban debatiendo, se les quiere aplicar un juicio político.
Pero a todo esto ¿Qué es un juicio político?
Es un procedimiento de orden constitucional, que realizan la Cámara de Diputados y el Senado, cuando los servidores públicos cometen alguna de las siguientes faltas:
1. El ataque a las instituciones democráticas
2. El ataque a la forma de gobierno republicano, representativo, federal
3. Las violaciones a los derechos humanos
4. Delito electoral
5. La usurpación de atribuciones
6. Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios Estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones
7. Las omisiones de carácter grave
8. Las violaciones sistemáticas o graves a los planes, programas y presupuestos de la Administración Pública Federal.
Este proceso, está incluido en el artículo 110 de la Constitución y es importante señalar que cualquier ciudadano puede presentar por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por estas conductas.
El juicio político sólo podrá iniciarse durante el tiempo en que el servidor público desempeñe su empleo, cargo o comisión, y dentro de un año después de la conclusión de sus funciones.
¿QUIÉN DETERMINA SI SE LE APLICA O NO UN JUICIO POLÍTICO A UN FUNCIONARIO?
Una vez que una persona es denunciada por incurrir a estas faltas, siendo funcionario público, desde alcalde hasta Presidente, el Congreso de la Unión deberá estar de acuerdo con dos terceras partes de ambas cámaras, de lo contrario el procedimiento se echaría para atrás.
Según la falta, las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.