El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su amenaza y finalmente clausuró la extracción de piedra caliza por parte de la empresa Calica, filial en Quintana Roo de la estadounidense Vulcan Materials, contra quienes mantiene una férrea disputa por la explotación de recursos naturales en la zona.
El conflicto escaló este año tras no alcanzar una salida “amistosa” para frenar las actividades de la compañía y, a cambio, recibir autorizaciones para convertir el lugar en un parque natural con vocación turística.
López Obrador acusa a la empresa de provocar daños irreversibles al ecosistema de la zona y exportar material pétreo aún cuando las concesiones, otorgadas hace más de 20 años, ya vencieron.
La presencia de Calica en México se remonta a 1986, año en que autoridades de Quintana Roo le otorgaron el primer permiso para la explotación de piedra en el predio La Rosita, sin determinar un plazo de vigencia ni la cantidad específica a extraer.
Una década después, la filial de Vulcan Materials consiguió una autorización para explotar dos nuevos predios: Corchalito y La Adelita, que suman en conjunto mil 251 hectáreas. Sin embargo, este no fue el último permiso, en el año 2000 recibió el aval para extraer roca caliza por 20 años más.
Fue hasta 2017 y 2018 cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso una clausura y sancionó a la empresa por el aprovechamiento de roca caliza sin contar con los permisos que establece la ley.
En respuesta, la compañía demandó a México bajo las normas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, exigiendo una indemnización de más de mil 500 millones de dólares más intereses.
Con la llegada de López Obrador y su política de no otorgar ni renovar concesiones mineras, el gobierno buscó una resolución que favoreciera a ambos y evitara la “destrucción” del sitio, pero esto no funcionó.
En un primer acercamiento, el mandatario mexicano ofreció comprar los terrenos para desarrollar un parque natural que conectara con algunas obras del Tren Maya, la empresa rechazó la propuesta y continuó, sin permisos, con la extracción del material.
Posteriormente, Calica escuchó dos opciones más en febrero de este año: llevar el caso ante tribunales internacionales por daños ambientales o recibir facilidades para operar un complejo turístico en el predio.
La semana pasada el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó que tras una reunión con representantes de la empresa, Calica habría aceptado los términos del gobierno para suspender la explotación de material pétreo y acodar la operación de una zona turística.
Inclusive, mencionó que le otorgaron un permiso especial a la compañía para que pudiera enviar material a Estados Unidos al menos durante los próximos tres meses.
EL ENGAÑO AL PRESIDENTE
Cuando parecía que el conflicto terminaría por la vía pacífica, el presidente López Obrador reveló esta semana que, durante un recorrido por obras del Tren Maya, recibió información en la que le aseguraban que Calica no detuvo la explotación del material pétreo pese al acuerdo suscrito con su administración.
López Obrador dijo que realizó un viaje "sorpresa" por la zona y confirmó que los empresario lo "engañaron" y se "burlaron de las autoridades" pues continuaban extrayendo materias para la construcción (grava, arena, etc.)
Molesto con el descubrimiento, anunció que ordenó a la Semarnat proceder legalmente contra Calica.
CLAUSURA DE SEMARNAT
Cuatro días después de ordenar "proceder legalmente", la Semarnat informó este jueves que clausuró la extracción de piedra caliza por parte de la empresa minera Calica, filial de la compañía estadounidense Vulcan Materials, en Playa del Carmen, Quintana Roo.
En un comunicado, informó que la Profepa realizó una inspección en el predio La Rosita, para verificar si cumplía o no con las normas ambientales sobre el uso de suelo en terreno forestales, así como por posibles daños ambientales.
Agregó que se confirmó la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas, por lo que, con base en la legislación ambiental, se impusieron como medidas las "clausuras temporales totales de las actividades y obras realizadas en el sitio".
"En apego a la política ambiental del Gobierno de México, las instituciones que forman parte del sector ambiental seguiremos nuestras funciones para lograr que el aprovechamiento de los recursos naturales se sujete a los principios de sustentabilidad, sostenibilidad y equidad que establece nuestra Constitución, y velando por el interés general y el bien común, por encima de intereses particulares que ponen en riesgo la riqueza natural, y sin consultar ni pensar en las comunidades", concluyó.
CIERRE TEMPORAL FUE ILEGAL: VULCAN MATERIALS
Vulcan Materials calificó como "ilegal" la medida del gobierno tras el cese inmediato de la extracción y explotación de las canteras submarinas en Quintana Roo. Además, aseguró que cuenta con todos los permisos para trabajar en la zona y exportar el material pétreo.
La propietaria de Calica amenazó con continuar sus acciones legales contra el gobierno de México hasta resolver el asunto en tribunales internacionales.
“Esta acción del gobierno mexicano es ilegal. La compañía tiene los permisos necesarios para operar y tiene la intención de buscar enérgicamente todas las vías legales disponibles para proteger sus derechos y reanudar las operaciones normales”, señaló la empresa en un comunicado.