El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), solicitó formalmente a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, no abordar este jueves la impugnación sobre la primera parte del 'Plan B' electoral, cuyo proyecto plantea invalidar reformas realizadas por la mayoría de Morena.
En cambio, Presidencia pidió que lo antes posible el máximo tribunal resuelva la constitucionalidad o no del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social (LGSC) el 11 de mayo de 2018, mismo que fue respaldado entonces por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
El gobierno federal argumentó que en orden y por seguridad jurídica, el alto tribunal debe resolver primero dicho tema pues lleva cinco años pendiente. En pocas palabras, la CJEF reprochó que cambios a la Ley aplicados este año por votación de Morea sean cuestionados, mientras que en 2018 no ocurrió lo mismo con una decisión tomada por el PRI-PAN.
"Hasta la fecha, la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a pesar de que han transcurrido prácticamente cinco años desde su impugnación en 2018", reprochó en un comunicado.
Además la Consejería explicó que la LGCS fue aprobada antes del inicio del proceso electoral federal 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del PRI y el PAN, lo cual fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el partido Movimiento Ciudadano, al considerar que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de sus disposiciones no son constitucionales.
No obstante, reprochó, que al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la SCJN consideró que la LGCS impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la acción de inconstitucionalidad 29/2023, contra el 'Plan B'.