La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará el próximo lunes la discusión de las controversias constitucionales promovidas por varios partidos contra la llamada 'Ley Bonilla'.
Arturo Zaldívar, presidente del Tribunal, hizo el anuncio al término de la sesión de este jueves en la que se discutieron tres contradicciones de tesis.
“De esta manera voy a proceder a levantar la sesión, convocando a las señoras y los señores ministros a nuestra próxima sesión pública ordinaria que tendrá verificativo el lunes 11 de mayo a la hora de costumbre, sesión en la cual se discutirá la acción de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas, del caso comúnmente conocida como 'Ley Bonilla'”, dijo.
El proyecto de sentencia del asunto estuvo al cargo del ministro Fernando Franco González Salas quien propuso al pleno de la Suprema Corte declarar la inconstitucionalidad de la legislación que amplió de dos a cinco años el periodo de gobierno de Jaime Bonilla en Baja California.
Franco acusó que la citada reforma viola los principios democráticos de la Constitución federal, ya que Bonilla fue electo popularmente para el cargo solo para dos años.
En su proyecto, asegura que la ampliación del mandato a cinco años por la vía de la reforma legal, y no mediante el voto popular, es un “fraude a la ley” e incumple los principios de certeza electoral, seguridad jurídica, no reelección y derecho al voto.
Para poder invalidar la norma, se necesita del voto de al menos ocho de los ministros del Pleno de la Suprema Corte.
Cabe destacar que el Tribunal sesiona desde el 20 de abril pasado vía remota y por videoconferencia. En esta forma se llevará a cabo la discusión de las controversias constitucionales.
La llamada 'Ley Bonilla' se refiere a la modificación del artículo octavo transitorio del decreto 112 de la Constitución de Baja California, que amplió de dos a cinco años el tiempo de duración del gobernador electo de dicha entidad federativa en el proceso electoral local 2018-2019.
Dicha ley fue aprobada por la mayoría del Congreso de Baja California, pero fue impugnada mediante las acciones de inconstitucionalidad 112/2019 y sus acumuladas 113/019, 114/2019 y 15/2019, por los partidos PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PRI, respectivamente.