La noche del 27 de marzo marcó la historia de Ciudad Juárez, Chihuahua, una vez más. Un territorio fronterizo, azotado por la violencia y los crímenes contra las mujeres, tuvo una nueva herida cuando una estación del Instituto Nacional de Migración (INM) se incendió en medio de la noche, dejando como saldo 40 extranjeros muertos y 25 lesionados, de los cuales sólo uno sigue hospitalizado.
Los hechos se volvieron nota internacional y organizaciones como Amnistía Internacional se pronunciaron al respecto, aseverando que la política migratoria de México es cruel e inhumana, al tiempo que acusaron que centros migratorios, como aquel en que ocurrió el incendio, son más prisiones que refugios.
El lunes 27 de marzo, al rededor de las 20:30 horas, extranjeros retenidos en el centro migratorio de Ciudad Juárez comenzaron a apilar colchonetas y luego les prendieron fuego como protesta ante el temor de ser deportados.
A las fueras de la estación migratoria el movimiento fue poco hasta que las llamas se volvieron incontrolables, luego vinieron las imágenes de terror, de cuerpos rescatados y calcinados, tendidos sobre la calle.
Aunque al principio las especulaciones fueron varias, y la información oficial hermética, poco a poco se fueron revelando más videos y fotografías, capturadas desde dentro de la estación migratoria, que dieron cuenta de que la tragedia se pudo evitar, pues cuando el siniestro inició, los extranjeros fueron ignorados y se quedaron encerrados dentro de una especie de celda, donde los mantenían retenidos.
No hubo manera de negarlo. La versión oficial, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), es que efectivamente el personal que laboraba en el centro migratorio los encerró y ellos, en protesta, incendiaron colchonetas. En medio del fuego, estas autoridades no accedieron a abrirles.
La titular de la SSPC, Rosa Icela Rodríguez, dijo entonces que había ocho personas identificadas como responsables directas del incendio: dos policías federales, uno estatal de Migración y cinco más, elementos de una empresa de seguridad seguridad privada.
Además se detuvo a Jeison Daniel, un migrante venezolano a quien se le responsabilizó de iniciar el fuego.
A penas hace unos días, se dio a conocer una carta escrita por Jeison, el migrante detenido por ser, presuntamente, el responsable de haber iniciado el fuego en la estación migratoria de Juárez.
“Hola, hermana, es tu hermano. Estoy bien, gracias a dios. Dile a mi mamá que la amo mucho, que oren mucho por mí, soy inocente, sólo dios sabe [...] Anhelo estar en libertad”, escribió el joven de 28 años, quien en su misiva explicó también los malos tratos que sufre en prisión.
"No tengo cosas personales, ni sábanas, estoy como un loco peludo", detalló el hombre cuyo sueño era llegar a Estados Unidos para tener una vida mejor.
Junto con Jeison, suman el total nueve las personas detenidas como responsables directas del incendio. Se trata de Eduardo A. M., Juan Calos M. C., y Celia R.T., empleados del INM.
Además ya fueron detenidos y vinculados a proceso, por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado, en grado de tentativa, Gloria Liliana “N”, Daniel “N” y Rodolfo “N”, agentes del INM, así como Alan Pascual “V”, un guardia de seguridad de la empresa CAMSA.
La novena persona detenida es el contralmirante Salvador González Guerrero, exdelegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chihuahua y hasta ahora el funcionario de más alto nivel en prisión por el caso.
"Ante este suceso, desde Amnistía Internacional llamamos a que haya sanciones e investigaciones adecuadas, pero que no sólo se haga a nivel operativo. Nos parece importante que también se sancione en los más altos niveles, a quienes están formulando la política migratoria", dijo en entrevista con Nación321, Andrés Pacheco, Subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional.
No fue el único en exponer un punto similar, tras la tragedia migrante, varias organizaciones en pro de los Derechos Humanos y activistas pidieron que se cuestionara y castigara a quienes desde altas esferas de poder manejan las políticas migratorias nacionales. El más señalado, sobre todo por su silencio tras lo ocurrido, fue el titular del INM, Francisco Garduño.
Cercano a personajes como el presidente Andrés Manuel López Obrador, Garduño tiene en su historial otros hechos que han cobrado o puesto en peligro la vida de las personas migrantes y solicitantes de refugio.
Al investigar, la Fiscalía General de la República (FGR) detectó que en marzo de 2020, hechos similares ocurrieron en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco. Entonces una persona murió y 14 resultaron lesionadas.
Ante cuestionamientos al respecto, López Obrador aseveró en su momento que no habría impunidad por la muerte de los 40 migrantes, por su parte, la Fiscalía General de la República (FGR) requirió a Francisco Garduño por el caso.
Recientemente al funcionario se le imputaron delitos por ejercicio indebido del servicio público, pero no obstante que la fiscalía ordenó separarlo de su cargo, un juez dio revés y lo mantuvo. Pese a todo, él sigue operando como titular del INM.